miércoles, 12 de octubre de 2016



COLOMBIA Y SUS GENTES VIVEN UN MOMENTO DECISIVO PARA SU FUTURO

La politización de lo público en un país donde 22 millones de personas habilitadas para votar no participan en una decisión histórica para el futuro de la sociedad lo que demuestra es que la democracia colombiana no existe porque el grueso de los colombianos no son conscientes de su ciudadanía, no ejercen sus derechos y desconocen sus deberes y obligaciones.

Pero aún más, politización de lo público es una herencia maldita,  venimos de una consolidación republicana de un bipartidismo antidemocrático anterior y consolidado en el Frente Nacional y de un sistema de clientelistas y clientelas que ha ido evolucionando, lo que significa que la politización de lo público distorsiona la realidad y lo público no son el derecho universal para todos los colombianos y colombianas  a  la cultura, la ecología, el medioambiente, el hábitat, el trabajo, la salud, la educación, la economía, la propiedad, la inclusión de las mujeres y de las minorías étnicas y sexuales, la seguridad y la paz. Sino que politización de lo público significa que una cleptocracia corrupta y movida por intereses privados decide desde los poderes públicos lo que les conviene a ellos,  sin tener en cuenta un proyecto de nación.

Más aún, la politización de lo público ha permitido que los intereses privados se nutran de lo público. Los empresarios auto proclamados honestos que apoyaron al Sí y el  No,  son los que no quieren perder nunca su participación en el Estado y poder echar mano de la contratación. La despolitización de lo público exige que utópicamente El Estado social de derecho renuncie a que lo privado se alimente, crezca, se enriquezca, se empodere aprovechándose de lo público.

 ¿Qué hay detrás del llamado desesperado e insistente  a las fumigaciones con glifosato? Que el Estado se endeude más adquiriendo un material químico que se produjo por Monsanto para Colombia y que ha quedado represado, ningún país lo quiere, es una sustancia prohibida, altamente tóxica para la salud humana y contaminante para la naturaleza, pero hay un interés privado de utilidades, réditos, ganancias, para que esos contratos se reactiven, son millones de dólares en juego que implica a los mercenarios extranjeros mal llamados contratistas, que monopolizan la aspersión aérea en el país,  así se maneja lo público.

¿Quién es Álvaro Uribe y de donde viene su liderazgo? De una capacidad a toda prueba para hacer política como si fuera un dirigente independiente a los partidos tradicionales aunque venga de ellos. De su poder para hacer converger la industria ilegal del narcotráfico y la industria legal de la empresa honorable. De su asombrosa fuerza de unir lo más atrasado del país como el pensamiento de Alejandro Ordoñez y lo más avanzado que es la promesa de una modernización tecnócrata, neoliberal, que promete la privatización y la eficiencia, el milagro que hace que la economía crezca en medio de la guerra; de su capacidad para darle apoyo a la política exterior de Estados Unidos en Sur  América enfrentando el supuesto castro-chavismo y usar el territorio colombiano como cabeza de playa; de sus imitadores  y seguidores donde un porcentaje mínimo entiende la causas y las razones de Uribe y una masa  mayoritaria canaliza su inconformismo siguiéndole de manera inconsciente porque encarna al líder carismático en él que ven la oferta de seguridad. Ser Uribista es aceptar que pese a todos los defectos del padre hay que ser incondicionales con él, porque es el padre, y no seguirlo es traición, es enfrentar la sombra del parricidio. Por eso muchos temen que Uribe pierda, que no tenga razón, que lo malo que se dice de él sea verdad. Santos es el hijo pródigo de Uribe que ante  los ojos de las huestes uribistas se ha alzado contra la autoridad del padre. Uribe solamente es poderoso y carismático porque arropa y protege seres inseguros que claudican porque sienten su minoridad, no piensan ni deciden por sí mismos, ese es el unanimismo que inspira el líder.

Los jóvenes tienen que marchar, protestar, participar cuando toque votar, pensar, exigir, hacer pedagogía social con el pueblo base que es víctima de la pobreza, del miedo y de la ignorancia salir a la calle reclamando  su derecho a la vida y a vivir en paz, resistir cívicamente,  y apropiarse de la política. Esta coyuntura es para que todos los estudiantes y sus familias se preparen para hacer que lo público deje de ser politizado y se construya una democracia participativa donde quepamos todos, tanto los del sí como los del No  con el compromiso de hacer pedagogía social para que todos los colombianos y colombianas se empoderen de su papel protagónico como agentes de la democracia aprendiendo a participar y no dejándose manipular por los medios de comunicación y la demagogia de los políticos de siempre.

Resistencia civil: Hay que preparar no sólo marchas sino un paro generalizado de consumidores. Jornadas contínuas de sensibilización ciudadana para que hasta que no haya paz se paralice el consumo en Colombia haciendo resistencia directa a las grandes empresas que han presionado en contra de que en Colombia haya un acuerdo de paz. De esa manera todos estarán obligados a concertar, dialogar, y pactar la paz definitiva. La construcción de una Colombia en paz corresponderá a todos, porque la paz no es un legado del gobierno, de los líderes, de los violentos, nace, se conserva y se desarrolla en el corazón, la mente y la inteligencia de todos los seres humanos y nos corresponde históricamente asumir con responsabilidad el reto de que la paz se necesita ya.

Ni un paso atrás, viva la vida, vivan los jóvenes. Viva el movimiento estudiantil que se nutre con todos los otros movimientos cívicos y sociales. Todos los alzados en armas de todas las condiciones tienen la oportunidad histórica de aportar al desarrollo de Colombia, entrando a la vida civil por el camino de la negociación. Sí  es posible una salida civilizada al conflicto y superar las diferencias que parecen insalvables. Hagámoslo ya.




viernes, 29 de julio de 2016

https://drive.google.com/drive/folders/0B2ovCubb67W1TzI0czViSC16eEUFUENTES CLASICAS

miércoles, 17 de febrero de 2016

Académicos Paideia
Corrección de estilo y ortotipográfica. Revisión de la estructura sintáctica y semántica. Adecuación del documento a las normas formales de presentación para publicaciones científicas y  académicas  en medios indexados nacionales e internacionales.
Diseño de la planeación  metodológica de su proyecto de investigación. Aplicación de gestión documental y de procesos. Sistematización de datos e información para fortalecer la administración y desarrollo de su proyecto de investigación. Control para evitar plagio técnico.
Revisión bibliográfica, redes de autores, estados del arte para desarrollo de marcos teóricos y metodológicos en fuentes actualizadas, institucionales y de reconocimiento académico. Fundamentación  epistemológica e histórica del  tema y problema  de investigación.
Desarrollo de medios impresos, informáticos y de TIC para socializar los avances y resultados de su investigación. Prepárese para defender su trabajo de tesis. Simulación de sustentación ante pares académicos con un enfoque holístico. Cláusula de confidencialidad.
Celular 3103112852                        Fijo 5409087                      jgzuluagaq@unal.edu.co

Equipo Multidisciplinar Profesionales Independientes  Universidad Nacional de Colombia

jueves, 14 de enero de 2016

“USTEDES MUERTOS SON MIS HIJOS AMADOS EN QUIENES TENGO PUESTAS TODAS MIS ESPERANZAS” EL PALACIO DE JUSTICIA ENTRE LA RETÓRICA Y LA HISTORIA Este trabajo no pretende exponer la verdad y su autor tiene dos prejuicios ser antimilitarista cuando la acción militar implica violar los derechos humanos y escéptico del sistema legal de justicia, cuando se observa la persecución de que son víctimas quienes desde el establecimiento se atreven a enjuiciar a quienes con su acción individual van en contra incluso del orden establecido, particularmente cuando deciden violar el Bloque de constitucionalidad, la Constitución y la Ley, bajo pretexto de defender la democracia, las instituciones y la sujeción al orden . La veracidad de lo que aquí se describe está publicada en las fuentes primarias que son expedientes judiciales, documentales, fotos, entrevistas en medios de comunicación, imágenes de los noticieros de la época, archivos de audio de las comunicaciones entre militares; y en las fuentes secundarias que son la bibliografía sobre el hecho . El Palacio de Justicia requiere de un trabajo de investigación en profundidad por parte de los historiadores que genere historiografía , algo que seguramente sucederá con el paso del tiempo, cuando se minimicen los riesgos de abordar un tema que despierta enconados rencores. El Holocausto a la Justicia, ya es un tropo común en la literatura e historiografía sobre la violencia en Colombia, es parte de la Historia contemporánea del Siglo XX de éste país. Pero es un tema que aún no ha sido explicado históricamente ni comprendido su significado para la guerra y la paz, pero debe reconocerse que han existido pioneros en el trabajo de estudiar la historia política contemporánea de Colombia en el marco del conflicto y la evolución de la Fuerza Pública . De facto es un hecho que en muchos aspectos es desconocido y el problema respecto a la Historia y su compromiso con la verdad es no tener los hechos y sin ellos establecidos pasar a las interpretaciones. Eso lo saben muy bien quienes han luchado contra la impunidad y la indiferencia cultural y social . A más 27 años del suceso en 2013 es un acontecimiento cuyos efectos jurídicos y políticos todavía se viIven para algunos de sus involucrados, quienes rinden sus versiones libres o esperan un veredicto judicial o de la historiografía . La explicación de porqué sucedieron los hechos y sus consecuencias históricas hace del tema un problema de historia actual con los retos de documentación, censura, imparcialidad y objetividad que esto acarrea. Hay ausencia de comprensión histórica de este hecho. Se ha mantenido de manera escalada y degradante la violación a los derechos humanos en Colombia por los actores del conflicto armado, ante una indiferencia social. En ausencia de historiografía sobre se ha fundado un género de relatos descriptivos sobre los hechos, cuyo estilo está a mitad de la crónica periodística y la novela. Muchos de estos trabajos toman como referencia trabajos anteriores y ofrecen al lector la idea de haber consultado de primera mano expedientes judiciales, grabaciones de audio y video, realizado entrevistas con los sobrevivientes. Llamo retórica los argumentos para convencer. Usados para describir y explicar los hechos del palacio de Justicia. Distingo esta retórica de la que se ocupa de las figuras literarias y hallo lejana la retórica a la ideología. El estilo del discurso es para nada neutro o inocente, todo lo contrario la forma de decir las cosas o no decirlas, es tan significativa como el contenido de lo que se afirma, se niega o se pregunta. Los comentarios, afirmaciones y juicios de valor de éste trabajo son responsabilidad absoluta de su autor y no comprometen ni al director del trabajo de grado, ni al Dpto. de Historia, ni a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Colombia. Lo que aquí se propone no reconoce ni describe posturas ideológicas, sin embargo no alinearse con la versión oficial trae el efecto de parecer amigo de los enemigos del Estado lo cual es apenas un efecto del estado mental de guerra en que se ha vivido en Colombia en los últimos 60 años. Existe una versión oficial ideologizante que se ha mantenido incluso en tensión con la verdad procesal. Son fuentes de consulta la prensa escrita y los informes correspondientes a las dos comisiones investigadoras. Libros publicados en idioma español; artículos y tesis. Se propone como hipótesis de orden finalista, una que se compromete en la afirmación de un porqué y para qué del conocimiento histórico, así se haya tratado éste trabajo de un simple análisis historiográfico, parcial por demás: -“La Historia debe ser maestra de vida”, - según decía Cicerón-, por eso si renuncia a su papel pedagógico social se convierte en una disciplina sin finalidad, en una forma retórica que recrea hechos del pasado y cuyo alcance e interés no supera la expectativa narrativa. Será una más entre otras actividades culturales e intelectuales asociadas a la práctica de escribir y leer para pasar el tiempo. El enfoque teórico de éste trabajo está asociado la historia intelectual en la medida en que es una indagación descriptiva de como se ha escrito sobre el Palacio de Justicia en clave de dilucidar la relación entre política y religión, proponiendo la posibilidad de que los balances historiográficos sobre un hecho específico se desarrollen no sólo en el interés general de que se ha publicado en un periodo de tiempo, sino bajo que orientación temática o problematización cognoscitiva pueden ser leídos. La historia como investigación es un proceso basado en evidencia y reconstrucción de hechos a partir de testimonios, pruebas, indicios, que dan sustento a un juicio que al explicar debería promover la compresión activa, la identidad y valores de una nación no en su aspecto abstracto si no en sujetos concretos que conocen su historia y por lo mismo están dispuestos enmendar los errores del pasado o por lo menos a no volver a cometer errores similares en una espiral sin tregua. En el Anexo A se presentan los elementos que identifican la investigación que corresponden al anteproyecto de trabajo de grado. En el Anexo B se hace una relación de las fuentes secundarias en español sobre los hechos del Palacio de Justicia. En el anexo C se relacionan las fuentes digitales con su respectivo link electrónico para consultarse en la web. 1. LOS HECHOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DESDE LA HISTORIOGRAFÍA 1.1 EL PALACIO DE JUSTICIA EN LA HISTORIA DE COLOMBIA Los hechos del Palacio de Justicia, su interpretación histórica deberían ser la clave desde la que se lea y comprenda la historia contemporánea del último cuarto de siglo en Colombia, allí están los códigos para develar y describir las acciones de quienes han hecho de la violencia una forma de vida y un medio de ganancia económica. Muestra además las debilidades de la Democracia colombiana, la más estable de América Latina, las contradicciones que plantea el orden legal y la violencia endémica y desenmascara todos esos agentes públicos y privados, nacionales e internacionales, que no les importa si no su beneficio particular y como el odio, el desprecio a la vida, la segregación, son las formas que se han impuesto en una sociedad hipócritamente cristiana donde la Iglesia Católica bendice las armas, confiesa y absuelve a los asesinos del pueblo colombiano, los que pasan después de sus crímenes a ocupar cargos diplomáticos, tienen ascensos, pensiones y compensaciones jugosas, menciones y atenciones especiales, condecoraciones, impunidad o cómodas cárceles que no comparten. Toda con la anuencia o silencio cómplice de los académicos e intelectuales subordinados que elucubran abstracciones para que el pasado se borre, para no ver el presente ni la realidad social de Colombia en el mundo, para renunciar al fin de la Historia que es la resistencia, la emancipación política, el derecho a conocer el pasado social para pensar por sí mismo y transformar el presente sin repetir los errores de antaño. 1.1.1 La metodología para abordar los hechos del Palacio de Justicia Los hechos como tal del Palacio de Justicia ontológicamente nadie los sabrá nunca, ni se podrán encerrar en palabras ni en imágenes. Ni siquiera los que vivieron esas 28 horas pueden desde su experiencia reconstruir lo que pasó en su magnitud total, un ejemplo es el libro publicado por la bibliotecaria de la Corte Suprema de Justicia, la Sra. María Luz Arrieta de Noguera, que estuvo en los hechos el primer día de la toma, su visión de los acontecimientos está mezclada de sus recuerdos 20 años después, de la influencia de la verdad oficial y de los relatos difusos a posteriori de otros testigos, todos focales, nunca un testigo tiene una perspectiva panorámica del hecho . 1.2 LA SEDE DE LAS ALTAS CORTES EN 1985 ANTES DEL HOLOCAUSTO A comienzos de 1985, el Consejo de Estado recibió un texto intimidatorio que se titulaba “Réquiem para el Consejo de Estado” y que decía así: “Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres estos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado –fallo- no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso” . La utilización de la palabra palacio para una sede gubernamental, una entidad pública o una organización de reconocido poder, es una herencia colonial. El Palacio de Justicia en el que sucedió el Holocausto era una edificación diseñada en los primeros años de la década del 60, por el arquitecto Roberto Londoño y se terminó en 1975, estuvo ubicada en un área de asentamiento aproximada de 100 m2, -el área construida era mucho mayor por ser un edificio de 4 niveles y un sótano-. Localizado entre las calles 11 y 12 según nomenclatura centro, en pleno corazón de Bogotá. La calle 11 interrumpida por la Plaza de Bolívar marcaba el sur del edificio, y la calle 12 el norte del mismo. La entrada del parqueadero quedaba sobre la calle 12, más cerca de la carrera octava. 1.3 EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1985 Según el expediente de sentencia del Sr. General Jesús Armando Arias Cabrales por los desaparecidos del Palacio de Justicia , la Brigada XIII había empezado maniobras tácticas previas a la toma, el 5 de Noviembre bajo el denominado Plan Escorpión lo cual es un indicio no un hecho plenamente probado en la búsqueda de la verdad procesal, de una presunta responsabilidad de la propia Fuerza Pública en la toma del Palacio de Justicia al estar esperando la toma guerrillera y haber entonces desprotegido deliberadamente el Palacio de Justicia con el fin de tenderle una trampa a la insurgencia dado que conocían previamente lo planes de la toma por parte del M19. Testimonios posteriores y dados a conocer por medios periodísticos apuntalan tal teoría . Pero las maniobras previas, la preparación de los vehículos blindados y el acuartelamiento de primer grado pudo haber sido coincidente y no directamente relacionado de manera causa–efecto con la puesta en marcha del Plan Tricolor por el entonces Coronel Luis Carlos Sadovnik segundo Comandante de la Brigada XIII responsable de la seguridad de Bogotá D.C. quien fuera el oficial que de manera inmediata dio respuesta al hecho de la toma del Palacio de Justicia el 6 de Noviembre de 1985 entre las 11:130 y 11:40 m de ese funesto día. A partir del cual en la guerra fratricida no declarada en Colombia pero real, se vale todo y se actúa con total desprecio del daño colateral sobre la población civil inerme. “Había unos planes generales como el plan tricolor y había otros planes más específicos. El plan tricolor obligaba a la brigada a asumir el control de toda la ciudad…y obviamente, en caso de un asalto a cualquiera de las instalaciones del corazón administrativo de la ciudad, empezando por el Palacio de Nariño, obligaban la ocupación de esa área por parte de las unidades blindadas. Me imagino que actualmente habrá planes similares. Todas estas hipótesis de actuación se mantienen en planes previstos de carácter reservado” . 1.4 EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1985 ANTES DEL MEDIO DÍA Horas o minutos antes de la toma, no se sabe con precisión, ese miércoles 6 de noviembre de 1985 de cielo encapotado en Bogotá 7 subversivos, hombres y mujeres habían penetrado al Palacio de Justicia vestidos de civil y portando armas cortas, otras versiones dicen que desarmados, entre ellos se encontraban Alfonso Jacquin e Irma Franco Pineda, preparando la toma armada y tomando posiciones estratégicas, además fueron quienes avisaron por teléfono a Luis Otero que la entrada al Palacio estaba despejada, es decir, sin vigilancia. Luis Otero se encontraba en una casa del barrio Calvo Sur, ubicada en la Calle 6ª Sur No. 8-42, con el fuerte de la Columna guerrillera que subió a un camión destartalado de trasteos, robado horas antes en la zona de Corabastos, contaban además con una camioneta. Y con un camión más pequeño, los ocupantes de éste nunca entraron en la operación, se trataba de un vehículo que habían comprado días antes. Precisamente en los hombres rezagados se perdió la posibilidad que tenía el grupo subversivo de oponer una efectiva resistencia a la artillería blindada de la fuerza pública. En documentos encontrados por inteligencia militar sobre la estrategia del M19 se puede leer: “El primer orden combativo es el de marcha de unidades de infantería en movimiento desde el sitio de concentración y aproximación al objetivo. Se desplazaran tres vehículos en los cuales, el primero será la vanguardia donde irá el primer grupo de asalto motorizado, es un vehículo ligero donde viajarán cuatro compañeros con dos metras y dos fusiles. En el segundo vehículo viajarán catorce compañeros al mando general y los medios de explosivos de ingenieros y de intendencia…El tercer vehículo será la retaguardia, en el viajarán diez compañeros” . Aproximadamente entre las 11:30 a 11:40 am del miércoles 6 de Noviembre de 1985, minutos antes de iniciarse la hora acostumbrada de almuerzo por el personal de las oficinas en el centro de Bogotá, un comando guerrillero denominado Iván Marino Ospina realizó la toma armada del Palacio de Justicia, entrando por el sótano de la edificación que colindaba con la calle 12 con carrera 8ª, asesinando a los dos vigilantes de la empresa Cobaseg. El teatro de la operación era en una edificación que ocupaba toda una manzana colindante con el marco norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá a 100 metros del Congreso de la República y de la Casa Presidencial, a escasos metros de la Catedral primada de Colombia, y de la Alcaldía Mayor de Bogotá en una zona caracterizada por ser el corazón político administrativo e histórico de Colombia. El M19 hizo un asalto armado execrable, tomando rehenes civiles, en una operación denominada de forma paradójica “Antonio Nariño por los derechos del hombre” bajo la dirección de los señores Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales Manga, cuyo objetivo era humillar al Estado colombiano en cabeza del poder judicial, el poder ejecutivo y la fuerza pública dado que se pretendía hacer un juicio público de responsabilidad al entonces presidente Dr. Belisario Antonio Betancur Cuartas por sus posibles incumplimientos en el Proceso de Paz adelantado con el M19. Juicio que hubiera sido ante todo una sismo mediático por su impacto nacional e internacional pero que al mismo tiempo por sus consecuencias de haberse realizado implicaba ser un juicio viciado por el método violento aplicado en que los jueces son sometidos por la parte que incoa la demanda. Suponía además un efecto radical de cambio en la composición del Estado al pretender supeditar la rama ejecutiva a la rama judicial, sin ser el objetivo dimensionado del eventual juicio político un efectivo golpe de Estado. Imposible de llevar a la práctica y que sólo ha servido de argumento retórico al ex Ministro de Gobierno de la época el Dr. Jaime Castro. La toma armada de las altas Cortes era evidente que se trataba de una acción intrépida y de desenmascaramiento de la doble moral del gobierno, mostrando a la opinión pública de Colombia y del mundo la necesidad de un cambio de gobierno mediando como efecto indirecto no deseado una caída del presidente Dr. Belisario Betancur a través de un golpe de opinión. Siendo que en la mentalidad de los insurgentes las posibilidades que se abanicaban era la de promover una insurrección popular a escala que diera como resultado un cambio en el mando del poder y en los que manejan los hilos del poder lo cual es ante todo punto de vista un síntoma de realismo político, de visión y estrategia, de haberse quedado rezagados en una visión foquista de la lucha guerrillera, en un narcisismo suicida. Una idea ingenua había cobrado un crédito inusitado en los líderes insurgentes, que la población civil se uniría al movimiento guerrillero en forma de insubordinación civil, al sentir que tiene un ejército propio que defiende sus intereses frente a un supuesto ejército oficial que sólo defiende un establecimiento que es la expresión de quienes en la sociedad al tener el poder económico han usurpado el poder político y puesto el ordenamiento jurídico a su servicio. Lo cierto es que las gentes no precisamente exponentes populares, más bien clase media, el 7 de noviembre de 1985 después del parte de victoria en la Plaza de Bolívar, salieron espontáneamente a aplaudir, saludar y vitorear a la tropa a lo largo de la ruta por la carrera 7ª hacia el Cantón Norte, después de extenuantes horas de tensión, combate y desmanes. Quienes penetraron ese 6 de Noviembre de 1985 a la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sólo podían terminar muertos, dado el demencial reto al Estado y las fuerzas económicas y políticas reales en Colombia caracterizadas por su actitud reaccionaria. Y en ese sentido la retoma de la Fuerza Pública se orientó para masacrar a los insurgentes y sus eventuales colaboradores aplicándoles la pena de muerte yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente, retomando una construcción civil llena de rehenes, usando vehículos blindados, artillería pesada, más de 2000 efectivos armados. Haciendo detenciones arbitrarias como de las que fueron víctimas los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matzon Ospina, quienes luego de ser interrogados, maltratados físicamente, torturados psicológicamente por miembros del F-2- y del B-2, serían abandonados en la carretera que comunica a la capital con Villavicencio. La toma del Palacio de Justicia a nivel internacional inaugura sin que se hubieran inventado aún el nombre, la guerra contra el terrorismo en la esfera pública usando como método el terror, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo eso se venía realizando en los países del Cono Sur, pero en Colombia se hizo de frente a los medios, fue la antesala a la colombiana del 11 de septiembre de 2001 que inaugura propiamente la guerra total contra el terrorismo, donde vale todo, hasta la guerra preventiva. Como consecuencia del Holocausto del Palacio de Justicia se comienza a usar el concepto de narcoterrorismo para catalogar a la insurgencia. El concepto no es solamente un calificativo, implica que no hay posibilidad de reconocerle a la guerrilla estatus de beligerancia. Moral y legalmente inhibe a cualquier gobierno a tener diálogos o acercamientos para una salida negociada del conflicto, impone frente al terrorismo como peligro público que la única salida es el aniquilamiento de los grupos terroristas por medio del uso legítimo de la fuerza y en caso de ser necesario, dadas las tácticas del terrorismo, justifica recurrir al terror para contrarrestar el terror, en una lógica perversa. Es mejor torturar hasta la muerte a 10, 15 o 20 presuntos terroristas para contrarrestar el peligro de un ataque, que esperar a que actúen, porque el saldo de víctimas siempre será mayor. Los que usan el terror para combatir el terror están convencidos que su misión es mesiánica y que cumplen con un deber terrible pero necesario para salvaguardar la sociedad, las instituciones, el orden, es decir, la parte de todo eso que les conviene a ellos y sus familias, porque detrás de todo salvador hay un enorme ego y un interés terrenal y quienes torturan por lo general son psicópatas y sádicos que disfrutan tan penosa labor. Esa fatídica tarde se escuchó por la radio la voz de uno de los guerrilleros que comandaba la toma, le rapó el teléfono al Dr. Alfonso Reyes Echandía que pedía que -el Presidente de la república finalmente dé la orden de cese al fuego- y vociferó en la antesala de la muerte: “- ¡Les habla Alfonso Jacquin segundo al mando de éste operativo, el presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte y se va a morir, porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional, es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del Ejército... [Disparos, explosiones y gritos]...es lo increíble, El Ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros, cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo”! - . Esta voz más que una comunicación que salió al aire por la radio Todelar, coincide con la hora aproximada de la incursión al cuarto piso poco más allá de las 4:00pm en pleno atardecer bogotano, grisáceo y frío como suelen ser los de la cordillera de los Andes. El diario EL TIEMPO reprodujo un pequeño aparte de las más de tres horas de instrucciones entre los altos mandos militares. El periodista Manuel Vicente Peña ya lo había hecho y publicado en su libro “Palacio de Justicia. Las dos tomas” , la obra de crónica y fuentes de prensa y testimoniales decana de todas las publicaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia. En el libro del Sr. Vicente Peña ya referido aparecen grabaciones que corresponden a comunicaciones desde el 6 de Noviembre en la noche, donde es muy claro que el reducto final en los baños estuvo primero en el baño del cuarto al tercer piso, pero después se pasaron al baño entre el tercer y el segundo piso. Allí se concentraron más personas que huían del voraz incendio, como lo relatan testigos respecto a los inmolados magistrados Manuel Gaona y Carlos Horacio Urán, allí hacía de comandante el menos experto en asuntos militares que tenía el M19, el ex congresista Andrés Almarales Manga. Estos baños estaban ubicados en la esquina noroccidental del edificio, cerca de la carrera 8va. Allí en el baño entre el tercer y el segundo se hacinó la fracción que quedaba de guerrilleros y rehenes, quiere decir que gran parte de las horas de la retoma estas personas vivieron un verdadero infierno. Fue el sitio hacia donde se hizo la mayor concentración de fuego, uso de explosivos, de cargas dirigidas, de cañonazos. El ejército y la Fuerza Pública después de tener vencida a la guerrilla y haber aniquilado a los guerrilleros y rehenes del cuarto piso siguieron una operación de aniquilamiento sin mediar la vida de los rehenes y un afán de dar un parte de victoria evitando a toda costa que el poder civil tomara el mando de la operación de retoma. A las 7 de la noche del primer día de la toma se desplegó un incendio voraz o múltiples incendios, se concentró toda la fuerza letal posible contra esta víctimas ya que todos los otros focos de resistencia a esa hora no existían, lo que confirmaría que los magistrados y los guerrilleros del cuarto piso del ala nororiental probablemente ya estaban muertos a la hora en que el General Víctor Delgado Mallarino dice que habló con el Dr. Reyes Echandía. Sin embargo hay otras versiones que plantean que los magistrados del 4º piso, incluyendo al presidente de la Corte Dr. Alfonso Reyes Echandía resistieron minutos antes del voraz incendio que se desató después de múltiples explosiones, que dicen muchos de los sobrevivientes se dieron incluso simultáneamente antes o tan sólo un poco después de las 8:00 pm aproximadamente. Existen varios relatos que narran haber visto cómo se usaron una especie de lanzallamas disparados desde el primer y segundo piso por la tropa, ya que desde los primeros minutos de la retoma usando vehículos blindados, la Fuerza Pública dominaba el primer y segundo piso. Fotos aéreas tomadas por periodistas que cubrían la noticia mostraban múltiples incendios en el Palacio de Justicia, desatados en la noche del 6 de Noviembre de 1985, la vista aérea se hace enfocando el costado norte de la edificación desde un edificio cercano, la vía que se observa a la izquierda es el oriente del palacio, la Car. 7ª. Se alcanza apreciar que la zona noroccidental y occidental sobre la Cra. 8ª a la derecha está en penumbra, esa parte estuvo resguardada del incendio, fue la zona de los baños donde se hacinaron las víctimas y los guerrilleros que resistieron hasta el final. Foto No. 1 Un incendio voraz fue provocado por el Ejército Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1730469/Toma-del-Palacio-de-Justicia-de-Colombia---Hace-23-anos.html El aparte en cursiva de la pág. 15 corresponde a comunicaciones militares en las acciones de retoma que algunas versiones ponen en juego el 6 de Noviembre de 1985 en las primeras horas de la noche. En el informativo Noticias Uno del 12 de Noviembre de 2007 se presentan como comunicaciones del 7 de noviembre de 1985. En el libro del periodista Manuel Vicente Peña aparecen en grandes rasgos como comunicaciones del primer día de toma del Palacio en la noche , es decir el 6 de Noviembre de 1985. Uno de los aspectos que llama la atención es la posibilidad que incluso las cintas de grabación y sus transcripciones hayan sufrido alguna manipulación o su orden se haya trastocado por un manejo no técnico de las mismas, es de recordar que para la época los equipos de grabación y de reproducción eran rudimentarios, analógicos, sin las facilidades que permiten los archivos digitales y los medios actuales de cronometrar y datar fielmente las grabaciones y que además la fuente principal de tales audios es un radioaficionado, el Sr. Pablo Montaña, sin preparación técnica o profesional en el manejo de equipos y la salvaguarda de este tipo de documentos sonoros en soporte de casete . 'Que no paremos en gastos' Arcano 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII): Acaba de llamar Paladín 6 (general Rafael Samudio, comandante del Ejército), que él nota que la situación se enfrió. Que él necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no los deje descansar. Que él nota que se está enfriando la situación. Cambio... Arcano 6 (Jesús Armando Arias, comandante de la Brigada XIII del Ejército): Erre. Cambio. Bueno esa apreciación es externa a la situación, pero aquí se está tratando de reducir, de reducir a los grupos que están en los pisos segundo, tercero y cuarto a un reducto ya final, a un reducto ya final, con el objeto de causarles la baja ya en ese sector e impedir mayores destrozos y todavía hay personal ajeno a la situación que todavía está acá. Siga... Arcano 5: Erre. Sí. Paladín dice que le preocupa esa situación de que no nos pongamos a pararnos en gastos y municiones o destrozos que haya que ocasionar, pero que quiere que haya acción. Cambio... Arcano 5: Arcano 5 de Arcano 2. Cambio. Arcano 2 (coronel Edilberto Sánchez, jefe de inteligencia de la Brigada XIII): Siga Arcano 2 para 5. Arcano 5: Para que se informe a las unidades que los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía a fin de poder evacuar el edificio. Cambio... Arcano 2: Está QSL, ¿Usted está identificando al personal que están evacuando?, cambio... Arcano 5: Recibido de QSL, ya mandamos a 12 individuos a la polinal para que le hagan la correspondiente y posteriormente los lleven a ese QTH (Escuela de Caballería). Cambio... Acero 6 (coronel Rafael Hernández López) a Arcano 5: Se está informando a Arcano 2 que dentro del personal que están evacuando ustedes, o con ese personal se ha logrado establecer que les están quitando la ropa de civil las basuras (guerrilleros), para posteriormente salir ellos también como evacuados... Acero 6 a Arcano 5: Recibo Arcano 5, aquí Acero 6, cambio. Arcano 5 a Arcano 6. Las entrevistas que está desarrollando Arcano 2 han podido constatar que las basuras están quitándole la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para poder salir como evacuados. Cambio. Arcano 6: QSL. Todo ese personal se está concentrando para efectos de verificación. Es la función que tiene Arcano 2, Siga. Afirmativa. Es él el que está informando lo que ha detectado. Cambio. Arcano 2 (Edilberto Sánchez): Información de Paladín (Rafael Samudio), reseñar, tomar las huellas de los cuatro camilleros, cambio. QSL, siga. Esto porque el grupo ese han pensado cambiar de vestido para salir ellos QSL. Cambio... Arcano 6 de Paladín 6: Siga. Siga Paladín 6: Erre, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja por Consiguiente estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor apurar y consolidar. Acabar con todo y consolidar el objetivo. Arcano 6 de Arcano 5. Quiere Paladín que se dilate un poquitico el acceso de Jaime Martínez (Cruz Roja) que lo ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con el Ejército. Paladín 6 de Coraje 6 (general Miguel Vega Uribe, ministro de defensa): Mire, aquí recibo un informe de muy buena fuente, después le digo cuál, que los guerrilleros que habían entrado eran 40. Paladín 6: Erre. QSL. Coraje 6: Que los guerrilleros que habían entrado eran 40. Paladín 6: Erre. Sí, lo escucho. Siga... Coraje 6: Entonces, espero que le sirva ese dato. Paladín 6: Erre. Correcto, sí señor. Vamos a mirar ahora y a comprobar todo y a hacer el balance. Siga... Coraje 6: Sí. Que entre los que salen de retenidos no se nos vayan a mezclar. Paladín 6: Inclusive tenemos una información de que (Luis) Otero (sub comandante del grupo de guerrilleros que se tomó el Palacio) se nos salió con la cédula de un muerto. Que (Andrés) Almarales (jefe del grupo de guerrilleros) está herido y que lo llevaron a una unidad de P.M. (Policía Militar). En fin, estamos en eso. Arcano 2 reporta a Arcano 5: Únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal. Cambio. Arcano 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco. Cambio... Arcano 2: Recibido QSL . Las vidas humanas que allí se perdieron y que a consecuencia del hecho se vieron afectadas o se han venido perdiendo cuentan mucho más del centenar mal contado, de la verdad oficial. Una probable causa del homicidio de Eduardo Umaña Mendoza el 18 de Abril de 1998 fue su compromiso de defender los derechos humanos asumiendo la causa de exigir justicia por las victimas inmoladas, por las sobrevivientes del Palacio de Justicia y en particular asumir la causa de los familiares de los desaparecidos de la cafetería . Probablemente los empleados de la cafetería se refugiaron en las mismas instalaciones donde trabajaban, fue una estructura que no se vio mayormente afectada, allí fueron capturados por la Fuerza Pública que les aplicó el protocolo de inteligencia militar previsto para tales fines que a grandes rasgos consistía en: “El operativo del Palacio de Justicia se adelantó con base en el Manual de Inteligencia de Combate (M.I.C.), y que en su desarrollo, a los rehenes que iban siendo liberados se les aplicaban dichos procedimientos, entre los que evidencia: a) uso de personal especializado –criptógrafos - ; b) varios sobrevivientes fueron sujetos a “interrogatorios iniciales”, siendo tratados como prisioneros de guerra, usándoseles para generar información de inteligencia; c) concluye que no solamente los S2 y el B2 hacían inteligencia, si no que esa labor también era realizada por tropas como “las unidades de caballería blindada”, entre quienes se encuentran: el comandante de Compañía y el Oficial Ejecutivo, entre otros; d) se les separó por sexos y se estableció una selección de aquellos que podían “suministrar información de interés”; e) con posterioridad al operativo, algunas unidades elaboraron informes de inteligencia, y finalmente se desconocieron las directrices sobre el manejo de la información, puesto que “…solamente el Comandante de la Brigada puede suministrar informaciones a la prensa o a la radio, guardando las normas establecidas sobre reserva y secreto, sin extenderse en comentarios o declaraciones…” . Foto No. 2 Museo del 20 de Julio convertido en comando avanzado y central de inteligencia Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia 1.5 EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1985 LA OPERACIÓN RASTRILLO Hubo con la puesta en marcha en las primeras horas del jueves 7 de noviembre de 1985, en la fría y húmeda madrugada bogotana, una consolidación de ese exceso de fuerza y desprecio por la vida que había sido característico las horas anteriores con el que se buscaba desesperadamente aniquilar a los pocos sobrevivientes de la columna guerrillera por parte de los militares. Se quería hacerlo antes de que el gobierno civil claudicara en la solución militar y pasara a un terreno de diálogo, respecto a lo cual en esos momentos, en los días posteriores, y pasados más de 27 años se ha mantenido una especie de analítica discursiva amañada para justificar la omisión cómplice del poder ejecutivo en permitir la acción militar desmedida. Se trata de la vacua distinción semántica entre dialogar sin negociación por el Estado y la exigencia de la guerrilla de negociar a toda costa. Donde el Estado permitió el Holocausto antes que entrar a cumplir las exigencias de los subversivos. Y donde los subversivos se sacrificaron y con ellos a sus rehenes por el pensamiento obcecado de que -el EME no se rendía-. Según los protocolos internacionales considerados por todos los ejércitos y policías del mundo en un ataque terrorista donde hay rehenes civiles de por medio la salida debe ser negociada para salvaguardar la vida de los rehenes, usando una estrategia de desgaste psicológico contra los asaltantes que al ser rodeados pasan de haber tenido la iniciativa en la acción a convertirse en cautivos o rehenes de la misma. Y por lo tanto están impelidos a negociar sin la ventaja de la sorpresa inicial, no hay protocolo de tratamiento de toma armada con rehenes que exponga que se debe entrar con vehículos blindados, usar artillería pesada, emplear material explosivo y establecer un indiscriminado intercambio de disparos sin mediar la vida de las personas cautivas. Llevar a la desesperación a los asaltantes puede desembocar en que ellos maten a los rehenes, en el caso descrito según muchos testimonios, los guerrilleros contuvieron hasta donde pudieron a la fuerza pública y asumieron en muchos momentos la actitud de defenderse y defender incluso a los rehenes de un asalto final como el que se dio y sirvió de fatal desenlace. Ahora bien, los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia cometieron una acto criminal demencial, no fueron unos santos o personas que hoy se deba defender a ultranza en contra de los miembros de la Fuerza Pública ni debe crearse la imagen maniquea de que los subversivos eran los buenos y el ejército los malos, todos los actores armados en ese momento violaron los Derechos Humanos de la población civil inmersa en el conflicto y fueron responsables de la tragedia que se desató. Todo lo descrito desde el inicio de la toma llega a un estado de resolución trágico con lo que aconteció el 7 de Noviembre de 1985 en la noche de esa madrugada, eran las últimas 12 horas de la retoma, cuando entre las 2:00 am y las 3:00 am aproximadamente se disparó un proyectil de 90 mm o algo similar contra la edificación que claramente impactó la fachada frontal del edificio y del cual se dijo con mucha posterioridad y desparpajo asombroso que había sido usado por fines humanitarios, con el propósito de abrir un boquete por donde saliera el humo que ahogaba a quienes estaban prisioneros en una trampa mortal. El uso de una fuerza desmedida con fuego letal sin mediar la vida y seguridad de los rehenes constituye el más flagrante delito de lesa humanidad por ser cometido por miembros de la Fuerza Pública obrando en representación del Estado republicano y bajo el sofisma de defender las instituciones. Cuando en una sociedad las instituciones valen más que la vida humana se está entonces ante el fenómeno que las instituciones económicas, jurídicas, políticas y culturales pueden arrasar dentro de una lógica de puro darwinismo social. Ellas son usadas estratégicamente por quienes administran las diferencias e intereses clasistas, por ende ante el ordenamiento jurídico y el Estado empiezan a haber ciudadanos de primer orden y gentes sin reconocimiento, se dan privilegios y ventajas, se crea un sistema que favorece a unos y desprecia e ignora a los otros que son las mayorías sin patrimonio real, abolengos, prestigio, acreditación educativa, ni poder. Y a las 6 am o un poco antes del último día se dio inicio a la operación rastrillo de fuerza letal. Sobre las 8:00 am y toda la mañana hasta los minutos finales de la toma después de las 2:00 pm siguieron los actos del desenlace de conocimiento público que paralelo a las argucias empleadas para dilatar la entrada del Dr. Carlos Martínez Sáenz de la Cruz Roja, un personaje pusilánime que se dejó embaucar por el aparato castrense. Se hizo todo lo que pudieron los militares para destruir la estructura que protegía el baño donde se refugiaban rehenes y guerrilleros. La arremetida de los militares y demora de la Cruz Roja tuvo sólo un propósito llevar el reducto final de insurgentes y rehenes convertidos en eventuales testigos de los desmanes del ejército a su aniquilación a lo que se suma la necesidad de cada fuerza y organismo de la fuerza pública interviniente de dar su propio parte de resultados en una antesala fatídica de los falsos positivos , para dar resultados y obtener méritos, condecoraciones, incentivos como ascensos, lo que desembocó en la aprehensión ilegal, tortura, muerte y desaparición de los empleados de la cafetería. En ese baño de la muerte estuvieron más de 60 personas, todas hacinadas, intoxicadas de humo y gases lacrimógenos, en condiciones de higiene indignas para seres humanos, ensangrentadas, algunas heridas, cansadas, con hambre y sed, aterradas, oliendo a humo y a cadáver, apretujadas en un lugar reducido convertido en teatro del horror y blanco de los artilleros oficiales, arremetiendo con todo sin importar la vida de los civiles ajenos al conflicto, violando el DIH, la Constitución vigente y la ley. De los 8 guerrilleros tres estaban fuera de combate, heridos de muerte, el líder Andrés Almarales no combatía y cuatro sostenían con la munición casi agotada la defensa del reducto ante la inminencia de un ataque arrasador y letal, de esos cuatro insurgentes, dos eran mujeres, Clara Elena Inciso e Irma Franco Pineda que se turnaban para cargar el armamento que todavía se podía usar acorde con la munición disponible. Cuando se perforó por los ingenieros artilleros después de ingentes esfuerzos una de las paredes del baño, por un boquete abierto, insuficiente para pasar hombres, los soldados metían los cañones de sus fusiles y ametralladoras y disparaban sin blanco fijo hacia el interior del baño de manera desproporcionada, en ráfagas, arrojaron granadas de fragmentación, sin que mediara la vida de los civiles, sus voces de angustia, sus lamentos de dolor, con un propósito de aniquilamiento total, definido desde el alto mando militar responsable de la retoma. A la salida de los últimos rehenes en la confusión del momento final a manos de balas cruzadas de la guerrilla y del ejército o de una sola de las fuerzas enfrentadas, no se puede precisar, caen heridos de muerte magistrados como Manuel Gaona Cruz y algunos otros rehenes. Una de las versiones posibles con mayor credibilidad procesal es que los pocos guerrilleros que habían hecho resistencia para que el reducto del baño no fuera penetrado se habían quedado sin munición, por lo tanto un fuego cruzado hubiera sido imposible, por otra parte existen testimonios contradictorios, una de las versiones apoyada por exámenes periciales es que toda la bala que llegó al baño vino de afuera hacia adentro, hay testigos que dicen ver como algunos rehenes fueron ajusticiados por la guerrilla y otros que afirman que la guerrilla no mató rehenes y que el Comandante Almarales dijo que había jugado sus cartas, tal vez remitiéndose a la liberación horas antes del Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas para que llevara un mensaje al Presidente de la República y parara la masacre, en todo caso se dice que Almarales dijo en el minuto final, que habiendo jugado sus cartas había perdido y dio orden de que las mujeres, los heridos, los rehenes salieran y se quedó con los escasos guerrilleros que lo acompañaban a esperar la muerte, pero en ese acto estoico y humanitario había permitido que Irma Franco y Clara Elena Enciso salieran con el grupo de los rehenes liberados, en un último intento para que salvaran la vida y fueran voz testimonial de lo que había pasado allí. Una vez logran salir de baño los civiles bajan con las manos en alto y pasan a disposición de los organismos de inteligencia, Por eso algunos irán inexorablemente hacia las salas improvisadas o acondicionadas de tortura de las brigadas militares. En el baño se da el ajusticiamiento de los guerrilleros sobrevivientes, entre ellos el Comandante Andrés Almarales Manga. Vale anotar que es el momento en que logran salir con vida del edificio Irma Franco Pineda asociada al M19 y la confesa guerrillera Clara Helena Inciso, la única persona que sobrevivió del M19 a la Toma del Palacio de Justicia y que dio su testimonio para que Olga Behar escribiera el libro ”Noches de Humo”. Y dado el desenlace de muerte, se inicia todo el proceso de limpieza y desaparición de las pruebas, además que los militares nunca proporcionaron sus armas para hacer cotejo de balística, lo encontrado en las pruebas periciales respecto al armamento atribuido y reconocido al M19 es que hubo víctimas que tenían disparos de bala que no correspondieron a las armas que usó la guerrilla del M19. 1.6 TOMA Y RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA 28 AÑOS DESPUÉS El tema es de total actualidad, es propio de la historia del presente. Máxime cuando más de 27 años después en el año 2013, Colombia enfrenta una eventual condena ante la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio del Palacio de Justicia y la desaparición forzada agravada de personas inermes a parte de las múltiples versiones que demuestran que dentro del Palacio de Justicia la Fuerza Pública torturó y realizó ejecuciones extrajudiciales. “Expertos consultados por Colprensa coinciden en que si bien desde 1985, cuando se registró la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando armado del M-19, la justicia colombiana ha establecido responsabilidades, la Cidh tiene sus propios estándares probatorios. No obstante, dice que es “contraevidente” que el organismo internacional desconozca fallos judiciales y un extenso acervo probatorio. La polémica surgió luego de conocerse el texto de 346 páginas en el que el agente del Estado colombiano ante la Comisión, Rafael Nieto Loaiza, plantea tres argumentos de fondo: que “no hay pruebas contundencias” sobre los 11 desaparecidos, que “no se pudo comprobar” que el Ejército haya torturado a cuatro personas en la Escuela de Caballería, y que tampoco “se pude comprobar” el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Por la retoma del Palacio de Justicia, en 2012 la Cidh admitió una demanda contra el Estado colombiano por considerar que el Gobierno “no hizo lo suficiente” para investigar el caso de los 11 desapariciones, las torturas y el homicidio de un magistrado durante la retoma. Por esta última la justicia colombiana condenó al coronel Alfonso Plazas vega a 30 años de prisión, al general Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años d cárcel, y está pendiente el fallo contra el ex coronel Edilberto Sánchez Pubiano” . Si el mismo Estado en su “sin razón de Estado” plantea una defensa que desconoce fallos judiciales internos entra en una flagrante contradicción de antijuricidad porque es una parte del Estado, el ejecutivo, que en contra del poder judicial de Colombia entra a desconocer las investigaciones y las decisiones de los jueces. Esto crea la plena prueba que en el caso de las víctimas de violación de los Derechos Humanos, que en Colombia no son pocas, en tratándose de casos donde hay en juego delitos de lesa humanidad, la única posibilidad que tienen las víctimas y sus familias es acudir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. El Estado colombiano que permitió la masacre del Palacio de Justicia y cuyos agentes torturaron, asesinaron y desaparecieron a las victimas hoy nuevamente desconoce el derecho de las familias a que haya verdad, justicia y reparación, esto muestra que 28 años después los delitos de lesa humanidad de Estado siguen vigentes, se están perpetrando, continúan en desarrollo bajo la racionalidad de un Estado supremamente fuerte para la violencia y el odio pero muy débil para la justicia y la reconciliación sobre el principio de verdad, justicia y reparación para las víctimas. En Colombia la razón de Estado premia a los victimarios e ignora a las víctimas cuando por no desairar el poder militar el establecimiento es blandengue o incapaz de judicializar a los responsables. 1.7 LOS DESAPARECIDOS Foto No. 4 Los desaparecidos del Palacio de Justicia Fuente: http://www.prensalibre.com/internacional/Colombia-justicia-DDHH_0_471553075.html La teoría del caso para la defensa de los condenados por desaparición forzada agravada antes que se conocieran las pruebas testimoniales y gráficas, consistió en crear una especie de duda razonable, muy propia del sistema anglosajón, de que los desparecidos no existieron jamás y no son otra cosa que el resultado de la improvisación forense y los errores llevados a cabo en la escena de los hechos a lo que se suman las acciones posteriores por orden de un juez penal militar que para evitar un supuesto ataque del M19 a la sede de Medicina Legal -que tenía al frente la Estación más grande de policía de Colombia-, ordenó que los cadáveres sin pleno reconocimiento y sin haberse realizado todas la necropsias debidas por mandato constitucional y legal se llevaran a inhumar en una fosa común, donde días después se echaron cadáveres y desechos hospitalarios provenientes de las víctimas de la catástrofe de Armero sucedida el 13 de noviembre de 1985. La fosa común se cerró y clausuró definitivamente con orden de no abrirse indefinidamente por la autoridad de salud ante el riesgo de una epidemia de gangrena gaseosa, dado que es un lugar rodeado de residencias familiares, en la zona del Sur de Bogotá cercana a Matatigres, zona de influencia del Cementerio del Sur, al que estaba adscrito el campo destinado para la inhumación en fosa común. El otro argumento menos fuerte por ser de orden formal, consistía en demostrar que los militares acusados de desaparición forzada agravada estaban siendo juzgados por un delito inexistente al momento de los hechos referidos, violándose de ésta manera el derecho a la defensa y el principio de que una conducta para ser juzgada penalmente deber ser típica, antijurídica y culpable. Y en 1985 el ordenamiento legal en materia penal no contemplaba el tipo penal de desaparición forzada. El otro argumento más político que legal es que los únicos responsables por las muertes del Palacio de Justicia, la destrucción del edificio y todos los efectos derivados son el grupo terrorista que planeó y ejecutó la toma, por lo tanto responsables materiales o directos fueron los 35 o 40 guerrilleros, hombres y mujeres, que se tomaron el Palacio pero al mismo tiempo deberían ser responsables los que eran parte de la cúpula del M19, esos que lograron sobrevivir, amnistiarse, recibir perdón, los mismos que presumiblemente actuaron como actores intelectuales de la masacre y magnicidios contra la Rama Judicial, pero que se beneficiaron de manera temprana del indulto, contra toda lógica para llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación. Beneficio político no judicial que les otorgó total impunidad mientras quienes defendieron las instituciones, obraron conforme a la Constitución y la Ley y acataron ciegamente la órdenes de su comandante y jefe, el Presidente de la República Dr. Belisario Betancur, fueron acusados, detenidos, juzgados, puestos en la palestra pública y condenados. Mientras los terroristas que planearon la toma son políticos, empresarios, líderes culturales, ciudadanos elegidos por voto popular ejerciendo alcaldías, gobernaciones, curules en el Congreso e incluso han sido candidatos presidenciales. Toda una serie de argumentos que han servido para revivir odios y polarizar las opiniones respecto al caso. Existen dos posiciones principalmente, los defensores a ultranza de la fuerza Pública que consideran que la única salida al problema de la toma de la Corte por el M19 era la militar, para sentar un precedente ejemplarizante. Y los que sostienen que los hechos en su magnitud y desenlace fatal fueron producto del exceso de fuerza capitalizado en todos los desmanes y violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. Teniendo ambas posiciones encontradas como contexto una opinión pública poco informada, parcializada emocionalmente, influenciada por unos medios de comunicación que tergiversan la información y desorientan a la opinión según el interés de mantener la verdad oficial y congraciarse con el aparato castrense que existe para sustentar el régimen de privilegios y violencia de la “élite criolla colombiana” al servicio de los intereses extranjeros. En el especial sobre el Palacio de Justicia de History Channel se muestra una selección de imágenes donde salen personas custodiadas hacia la casa museo del 20 de Julio puesto de avanzada de la operación de retoma que han sido reconocidas por sus familiares y amigos, personas que después serán parte del grupo de desaparecidos, tal es el caso de Cristina del Pilar Guarín plenamente reconocida cuando sale viva y es llevada en hombros por un soldado, imagen captada por un camarógrafo de la televisión española y divulgada por múltiples medios en Colombia y analizada en el libro de Ana Carrigan . Llama la atención el caso del magistrado auxiliar de la Corte Carlos Horacio Urán reconocido por su viuda y otros testimonios incluyendo el gráfico por fotografía y video de que salió vivo y herido entre soldados y después apareció su cadáver con un tiro de gracia al interior del Palacio de Justicia. Víctima de la cual posteriormente se encontraron sus documentos de identidad en dependencias de Batallón de Caballería adscrito a la Brigada XIII donde para la fecha de los hechos era su Comandante el tristemente célebre Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Lugar que por varios testimonios y material de evidencia documental fueron llevados en calidad de detenidos otras personas como los conductores de los magistrados que fueron víctimas de malos tratos pero que corrieron con mejor suerte . (Ver video en anexo audiovisual). Otro caso de muerte confusa que incluso pone en evidencia las contradicciones de los testigos entre ellos magistrados y sus subalternos que han jurado que el M19 asesinó al Magistrado Manuel Gaona Cruz. Ana Carrigan muestra en su libro ya referido, como unos soldados y está la foto clara, transportaban su cadáver en una bandeja forense por la calle, en flagrante contradicción al proceso que se estaba llevando acabo de sacar del Palacio los cuerpos o lo que quedó de ellos, debidamente rotulados para enviarlos a Medicina Legal, estos soldados llevan el cuerpo, lavado, sin la camisa azul que vieron que tenía, sin saberse por qué y hacia donde, además hubo múltiples testimonios de personas que lo vieron salir con vida del Palacio a eso de las 2:45 pm aproximadamente y ser llevado al puesto de avanzada en la Casa Museo del 20 de Julio, pero con el paso del tiempo se perdió la posibilidad de contacto con esas personas . El dictamen de Medicina Legal mostró pericialmente que el Magistrado Manuel Gaona Cruz fue ejecutado por una bala 9 mm disparada a contacto en su cabeza, lo más parecido a una ejecución extrajudicial. 1.7.1 Indicios de un crimen aún en desarrollo 27 años después Mientras las personas desparecidas lo sigan estando el delito se está cometiendo y basta con probar la desaparición forzada a manos de la fuerza pública para probar la responsabilidad de los altos oficiales al mando de la tropa teniendo en cuenta la estructura jerárquica castrense, el superior jerárquico es responsable de lo que realizan sus subalternos bajo la unidad de mando basada en la no deliberación de las órdenes que sólo se pueden cumplir, pero además donde hay grabaciones que de manera indirecta hacen insinuaciones de llevar sospechosos a guarniciones militares, torturar y desaparecer, “ –y esperamos que si aparece la manga no aparezca el chaleco-“. En el texto de la Sentencia al General Jesús Armando Arias Cabrales se lee un sucinto relato de los hechos que han mantenido las acciones de retoma del Palacio de Justicia en una polémica y lucha legal por parte de los familiares de los desparecidos, proceso que en el año 2013 cumplirá 28 años. . Existe un video de un noticiero de la época, 24 Horas, que entrevistó al comisionado de la Cruz Roja Dr. Carlos Martínez Sáenz quien además era el Director del Socorro Nacional momentos después de terminada la retoma por el ejército el 7 de Noviembre de 1985. Donde él le cuenta al periodista Javier Darío Restrepo que vio a la guerrillera Irma Franco Pineda - según descripción que hizo de la mujer que vio que concuerda con otros testimonios allegados en otros procesos e incluso publicados por la literatura sobre el Palacio de Justicia - y dos guerrilleros más detenidos en el segundo piso de la Casa del Florero a espera de ser judicializados y estaban ilesos por el relato de Carlos Martínez Sáenz, (ver material audiovisual anexo). Éste es un documento inédito sobre el tema que incluso no fue allegado al material probatorio contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y los oficiales de inteligencia que aún están unos vinculados, descubierto en el proceso de investigación de éste trabajo de grado (Ver el anexo digital de medios audiovisuales de este trabajo de grado). Otros implicados han sido exonerados y algunos ya han fallecido, quedando en muchos casos el tema en la total impunidad y usando recursos legaliformes como la archifamosa fórmula de la colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar. En la genealogía de los hechos que involucran el saber y el poder sobre la guerra y la desaparición, la tortura y aniquilamiento de los cuerpos y sobre los que versa el peso de las instituciones, la defensa de la democracia, frente a lo que se está es ante un discurso que escribe en la piel de los torturados con pus y sangre la verdad de un sistema hecho a la medida del Leviatán Estado que está constituido para salvaguardar los bienes jurídicos de los señores de la economía, de la gran sociedad, de la cultura de elite que históricamente se han hecho dueños del país y de los recursos, los mismos que se lucran de mantener generaciones en la miseria, la ignorancia, la violencia, la adicción, el engaño mediático y el miedo . Por eso su impulso natural es el de escribir la Historia, de crear las instituciones académicas, del saber-poder que modela su imagen y reviste de identidad y gloria sus nombres, sus familias, su pasado épico de hombres de la patria forjadores del país y sus instituciones, las mismas que el Coronel Plazas Vega fue a defender con carros blindados aún en el riesgo evidente de una explosión por simpatía dada la magnitud del arsenal de guerra que se usó y donde habían cientos de civiles inocentes, inermes, ajenos al conflicto. Este célebre coronel ha sido condenado a 30 años de prisión por secuestro simple agravado y desaparición forzada agravada de la presunta guerrillera Irma franco Pineda y el Administrador de la Cafetería Sr. Carlos Rodríguez . Sobre los hechos del Palacio de justicia quedan muchos aspectos por descubrir y seguramente con el paso del tiempo se irán conociendo más detalles. Los responsables directos unos han fallecido y los sobrevivientes son todas personas mayores que en muy poco tiempo van a morir. Los hijos de los desaparecidos han ido recibiendo indemnizaciones y posiblemente en una década más ya no exista el interés de mantener vivo el proceso judicial, lo que queda es que la Historiografía no deje olvidar este episodio crítico en la historia reciente de Colombia, hay que apostarle a la reconciliación, al respeto, al perdón, pero sólo se puede llegar allá con la verdad, la justicia, la reparación, es necesario saber cómo fue el final de los desaparecidos para que sus familiares tengan ese ingrato consuelo. 2 ¿QUÉ ES UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO? Un balance historiográfico es un análisis de la producción del conocimiento histórico sobre un tema específico que ha sido suficientemente delimitado en sus coordenadas humanas, espaciales, temporales y problémicas. En ocasiones lo único que tiene alguien que va a ser un balance historiográfico son las fuentes y comienza a leer y encontrar en ellas diferentes formas de tratar e interpretar un hecho. Partir desde un tema específico, como la relación entre religión y política es una forma de indagar, de encuestar la fuente, en el caso de la historiografía es genéricamente una fuente secundaria con relación a la fuente histórica. Aunque para quien la asume como objeto de estudio, es su fuente primaria. El objeto material de un balance historiográfico es por excelencia el texto escrito, en forma de monografía, libro, ensayo, artículo. En el desarrollo de éste trabajo se consultaron expedientes judiciales y se observó gran cantidad de material audiovisual digitalizado que son fuentes primarias. El lenguaje en su medio de significante y significado termina siendo la materia y forma de este tipo de análisis aunque se establezcan relaciones con otros autores y obras. Y con otras disciplinas y saberes en un entorno interdisciplinario. En la actualidad existen medios de socialización del conocimiento histórico como lo son el cine, el medio digital y electrónico, los grandes seriados de TV. Pero el lenguaje escrito e impreso sigue siendo el medio primordial de la historiografía porque el fundamento de la investigación histórica sigue estando para todas las épocas a excepción del Siglo XX en los documentos escritos. Un balance historiográfico se fundamenta en la medida que es un estado del arte que permite a los investigadores seleccionar sus fuentes secundarias y al mismo tiempo muestra los problemas que se han abordado, los enfoques metodológicos aplicados, ver las líneas de investigación que se han creado. Permite pensar que se puede hacer, sí darle continuidad a una línea de investigación o proponer una nueva. Sobre el Palacio de Justicia se ha escrito mucho desde la crónica periodística y en el campo de la reconstrucción judicial de los hechos. Son muy pocos los libros que pueden ser catalogados en una zona híbrida entre la historiografía y la crónica, probablemente el trabajo que esté más cerca de todos de ser histórico es el de la escritora Ana Carrigan, “El Palacio de Justicia una tragedia colombiana”. Por su parte el realizado por Manuel Vicente Peña -“Las dos tomas”-, fue el trabajo pionero y decano de todos, es una excelente recopilación interpretada de todo tipo de fuentes en prensa, testimoniales, transcripciones de comunicaciones, opiniones diversas. La división en conjuntos y clases al interior de la Historia disciplina se da por medio de las escuelas historiográficas; las tendencias o enfoques disciplinares; las categorías de historia Económica y Social, Historia Cultural, Historia Política, se confirman a partir de encontrar una vasta producción historiográfica cuyos autores y obra corresponde a los lineamientos atribuidos a la clase principal. En el caso del Palacio de Justicia se enfrenta quien haga un balance historiográfico de éste tema, con que existe una bibliografía que en un primer conteo está constituida por 37 títulos, en su mayoría libros, algunas tesis y artículos, con una característica que se impone a nivel cuantitativo, se trata de libros que no tienen pretensiones históricas sino informativas y periodísticas de contar acontecimientos previamente investigados y recreados con fines de ofrecer entretenimiento a sus lectores y conmoverlos sin inducirlos a una reflexión crítica, por lo tanto son inclasificables por escuelas historiológicas y tipos de historiografía. ¿Cuál es el sentido final de una obra historiográfica? Establecer la verdad de un hecho histórico, en términos de cuándo y cómo ocurrió, e interpretar cuáles fueron sus causas y efectos. Analizando las consecuencias que siguen teniendo vigencia en el presente. La historiografía sobre un tema es el producto de investigaciones históricas, muchas de ellas de un alcance plenamente reconstructivo sobre un hecho de lo cual sólo quedan documentos. El hecho del Palacio de Justicia está plenamente constituido, por lo tanto el trabajo del historiador frente a éste hecho más que reificar o reconstituir el acontecimiento, es el de determinar finalmente el porqué de éste hecho, ¿cuál es su lugar en la historia de Colombia y del mundo? Más que precisar cómo sucedieron los hechos, que es un asunto abordado por la instancia judicial, sí es significativo analizar cómo se ha descrito y abordado el hecho como tema. El tema de estudio para realizar el balance propuesto tuvo una carencia, que la Historia aún no se ha pronunciado en términos de su poiesis interpretativa, sobre éste hecho. El trabajo hecho frente al tema fue el de hacer un balance con sentido historiográfico en el orden de leer en las publicaciones buscando la relación entre política y religión. Por eso no es un balance historiográfico convencional. Pero además porque por sustracción de materia no habría historiografía en el sentido tradicional que éste concepto tiene para la Historia y los historiadores. La comunidad académica de los historiadores está formada por intelectuales que son escrupulosamente atentos a los conceptos y las categorías, porque en la matriz donde se gesta el conocimiento histórico y los discursos que lo portan y socializan, la base proteica es el lenguaje en su uso teórico, concidencialmente el derecho y la verdad procesal son también formas lingüísticas socialmente aceptadas. Al punto que entre el metalenguaje de la historia y del derecho penal hay algo en común, simple y llano, que los hechos solamente son reconstruidos de manera testimonial y documental, que no existe la verdad si no aproximaciones a la verdad y que su crítica no está muy lejos de la teoría literaria aunque lo legal y lo histórico tengan enormes repercusiones políticas en el mundo de la vida, tanto por su conocimiento o desconocimiento, porque lo que ilustra el pensamiento y acción de las gentes es la génesis de la acción social base de la realidad política. El pasado educa sí se conoce, ignorarlo o despreciarlo condena. Sin embargo no debe olvidarse ni desdeñarse que la real teoría no surge de la nada si no de la realidad, de los hechos. Los muertos y desparecidos del Palacio de Justicia no son una figura literaria, no se puede desdibujar la realidad histórica al punto de pensar en la violación de los Derechos Humanos como un problema discursivo, como un asunto que compete a la teoría literaria, a las formas de argumentación, a la retórica. 3 POLÍTICA RELIGIÓN Y HOLOCAUSTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA La guerra, la preparación para matar, el teatro de batalla, son formas complejas miméticas de la pulsión de supremacía y afirmación de la existencia que subyace en toda violencia, son una heterotopía y una metáfora del capitalismo, de la factoría industrial. En su despliegue técnico la guerra produce muerte y allí quienes matan y mueren son los cuerpos. La materia prima de los resultados políticos que se obtienen por la guerra son vidas humanas y el resultado es seguir administrando y disponiendo de la vida humana. Frente al cuerpo la religión ha tejido y extendido un campo de significados que abarca la vida y la muerte, sobre todo a ésta última. Los cuerpos son los protagonistas de la guerra y el cuerpo suele ser asumido en dos posibilidades dicotómicas, en la acción bélica el cuerpo es amigo o enemigo. En lo que respecta a la religión el cuerpo es objeto sagrado o profano. Los combatientes ven el cuerpo del amigo como algo sacro que asume los símbolos del chivo expiatorio que es sacrificado por el bien común y se inmola para salvar al colectivo. El cuerpo del enemigo es temido y odiado, por eso su cadáver es mutilado, insultado, escupido, despreciado, dejado insepulto para que no tenga una honra fúnebre, un acto de respeto. Quien mejor ha expresado en su análisis del campo de la religión estas contradicciones entre respeto y destrucción, profanación y duelo es René Girard quien muestra como lo sagrado tiene tal poder que puede ser usado por la política, es decir por los gobernantes, para significar y conmover a los gobernados. La relación entre Política y Religión es una problematización válida que surgió de haber inscrito el curso referido. Lo que permite una búsqueda focalizada en un tema específico, pero desde luego la toma y retoma del Palacio de Justicia da para otras indagaciones temáticas y problematizaciones, en una investigación más amplia. La relación entre política y religión es sutil, tiene una connotación práctica, ella se da de una forma espontánea, inconsciente, los autores de los libros revisados no pusieron elementos religiosos y políticos asociados de manera premeditada. Los elementos de la fe en el campo de la guerra son apenas naturales para quienes ven la inminencia de una muerte violenta, pero esa asociación nadie la hace en tales circunstancias bajo la primacía de la razón sino bajo el dominio de las emociones más primarias; además es una relación que no es evidente desde una interpretación teórica y por lo tanto no surge por efecto de una intencionalidad manifiesta. Por ende, el binomio religión y política es una relación expresivamente significativa respecto a la cultura íntima y sincera de quienes han interpretado y buscado no sólo contar los hechos del Palacio de Justicia sino tener una explicación para ese hecho y hallarle un sentido en la historia de Colombia y del mundo. Por eso cuando el historiador se encuentra con una relación que nadie puso allí por fuerza de argumentos, que es inusual, ciertamente se ha encontrado con algo que vale la pena examinar, estudiar, invitar a otros colegas y estudiosos de disciplinas afines para que se trabaje ese tipo de asociaciones que si surgen salen es de lo esencial de los seres humanos en el contexto de sus relaciones sociales y culturales sin que se haya puesto allí de forma estratégica ésta temática, por lo tanto opera con fines atribuidos a las pretensiones de validez de la racionalidad comunicativa pero de forma no consciente lo que hace que el fenómeno sea mucho más válido que un discurso elaborado con una finalidad manifiesta, tales pretensiones en la comunicación desde una perspectiva social y ética son las de verdad, veracidad, inteligibilidad y rectitud . La verdad obedece a una lógica que se resuelve por medio de determinar la validez de una proposición con base a la pragmática, es decir relacionando lo que se dice con la realidad a la que se refiere, que el enunciado corresponda a las cualidades atribuidas al referente. La veracidad es un problema de cohesión y coherencia de los enunciados con relación a una posibilidad de verdad, se desarrolla más en el campo de la semántica; la inteligibilidad es el mínimo de claridad comunicativa que debe tener un mensaje. Y la rectitud trata de que el campo de la comunicación está directamente asociado a la conducta de las personas que a su vez viven en condiciones de sociabilidad, por lo que todo acto comunicativo, incluso las prácticas que no son plenamente comunicativas, como la escritura o la lectura, tienen una carga valorativa significativamente fuerte aunque suelen no ser directamente observables dado que mucho de los fenómenos morales y éticos sólo pueden ser deducidos o intuidos indirectamente, como por ejemplo a través del agravio. La muerte no es un tema menor o un asunto intrascendente para la relación entre política y religión, el escenario último de la política es la guerra y al mismo tiempo es el miedo a la muerte y al más allá lo que sustenta la religión. La muerte propia y la muerte del otro, son formas no teóricas sino emocionalmente crudas en el combate. Para cualquier profesional, historiador, intelectual que sólo conozca de la guerra lo que ha visto en cine y en noticias le es muy difícil situarse imaginativamente en la línea de fuego. El Palacio de Justicia fue un campo de batalla herméticamente cerrado, se trató de una operación militar en que el objetivo estuvo hacinado, de manera muy cruda se vivió una situación de cercamiento y asalto, de superar no la fuerza de resistencia del contrincante sino la barrera física que lo protegía como una muralla, siendo una batalla contemporánea la del palacio tuvo muchos elementos de una batalla medieval, con la brutalidad y sevicia con que se libraron muchas batallas de asalto en las Cruzadas. Difícilmente se encontrará un hecho en la historia de Colombia contemporánea que no esté trazado e influenciado por la relación entre política y religión como efecto de la presencia continua de la muerte, el síntoma mayor de la violencia endémica que se vive en Colombia en medio de la fiesta y el consumismo. La guerra contemporánea es en todo sentido una actividad industrial que demanda ciencia, técnica, tecnología, dinero, materias primas, insumos, la principal fuerza de trabajo en la guerra es el hombre y la cuota de producción de la guerra puede ser contabilizada en términos de un punto de equilibrio, -como cualquier actividad industrial- relacionado los costos directos e indirectos de la guerra con el número de bajas que se le infringe al enemigo. Lo que está establecido en la determinación de la relación costo/beneficio. Lo que pertenece al campo de la racionalidad instrumental y al marco de la administración por objetivos que creó la economía de fichas, -castigos e incentivos-que llevó a formas de genocidio como “los falsos positivos”. En general la bibliografía del palacio de Justicia y los expedientes judiciales como los documentos audiovisuales han sido exhaustivamente revisados. Por razones de tiempo y de extensión se han tomado como ejemplo de la relación entre política y religión 11 publicaciones de los más de 30 publicadas, incluidos, los informes judiciales. Se buscó en la selección documental abarcar todos los subgéneros narrativos asociados como son la historiografía, la crónica periodística, el artículo de prensa, el expediente judicial y el texto literario. Se ha comprobado la existencia de una relación entre política y religión en la narrativa del Palacio de Justicia. A nivel teórico se demuestra que esa relación política- religión está profundamente arraigada en los fenómenos de la guerra y que la relación obvia y fácil política-guerra puede asumirse en la interpretación de los hechos históricos en la explicación de los actos de guerra y de genocidio desde esos elementos inconscientes asociados al significado que se le da al cuerpo, al sufrimiento, a la muerte, a la idea que el enemigo se puede retener, torturar, destruir, profanar, desintegrar y el amigo es sujeto de valor y su cuerpo objeto de respeto porque se ha inmolado, ha sido ofrecido en sacrificio para salvaguardar aquello que sea lo más valioso para una sociedad -el orden-; de una clase socioeconómica -sus privilegios-; de un grupo cohesionado por identidad e interés, -su acción-. La relación entre religión y política puede verse en éste enfoque en tres perspectivas, que no son las únicas que admite el tema, ellas son: • Los espacios de poder desglosados así: En el orden administrativo del poder; en el ámbito de los jerarcas religiosos y en el de la fe de los gobernantes. • En la perspectiva de la cultura simbólica que se expresa a través de rituales y signos, principalmente por advocaciones, oraciones, exclamaciones asociadas a temas y contenidos religiosos, propios del cristianismo católico. • Como un asunto relacionado con estrategias de argumentación para favorecer a alguna de las partes, particularmente como un mecanismo de justificación del establecimiento y de apoyo de los jerarcas de la Iglesia Católica al gobierno y al establecimiento de poder económico y social, predominante y característico en Colombia a través de la opinión de los editorialistas de la prensa escrita. El duelo de la muerte frente a la desaparición forzada es una lesión simbólica sin solución de continuidad. Los familiares no tuvieron un cuerpo, un cadáver, un velorio, unas honras fúnebres vinculadas a los restos mortales, un dictamen pericial, una explicación descriptiva de lo que sucedió, simplemente saben lo que su intuición les dice. En estas conmemoraciones se ha revivido una y otra vez la necesidad de saber que pasó, de tener una tumba para llevar flores, de cerrar esa expectativa atroz de no saber que les pasó, donde están, cuál fue su final. Con un homicidio se mata a una persona o personas, pero la desaparición forzada mata familias, ilusiones, destruye la confianza de una sociedad. Cuando un Estado por acción u omisión no hace nada respecto a quienes secuestran, torturan, asesinan y desaparecen personas, se están poniendo en riesgo las instituciones y la legitimidad de ese Estado. Entonces, el Sr. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y sus colegas fueron -a enterrar la democracia, maestro-. 4.1 LA BASE DE TODAS LAS PUBLICACIONES Peña, Manuel Vicente. Las dos tomas.4ª Edición actualizada con la Historia no publicada del M19. Centro de estudio VIDA, Visión Integral de los Delitos Atroces. Primera edición noviembre de 1986; segunda edición enero de 1987; tercera edición octubre de 1988 y cuarta edición noviembre de 1991. En éste libro se presenta a la iglesia Católica como lo que históricamente ha sido en Colombia desde la época hispánica, la religión oficial, aliada del régimen de poder y en los hechos específicos, alineada con el establecimiento y el gobierno para justificar la retoma del Palacio de Justicia y permitir que los miembros orgánicos de la Fuerza Pública que obraron con exceso de fuerza sean tratados como héroes y las víctimas como mártires sacrificados para salvaguardar la democracia, manteniendo un lenguaje propio de la pasión de Cristo y la justificación del sacrificio como un pago de sangre necesario para salvar las instituciones y la patria. Pese al poder de la iglesia y su papel protagónico como testigo directo de los hechos y parte del poder central en la Plaza de Bolívar, los altos jerarcas de la Iglesia no hicieron nada para mediar en la guerra desatada, la cual se desarrolló en un escenario de varias batallas a lo largo de unas 27 horas continúas. Quienes pudieron interceder guardaron un silencio y pasividad cómplice, no se hizo nada por tratar de salvar vidas inocentes, por encontrar una salida por la vía del diálogo y no por la vía militar. Este libro es la publicación estelar y príncipe de todas las que ha suscitado éste hecho. Profusamente documentada a partir de la prensa, principalmente la escrita. Y tiene como particular aporte ofrecer al lector diagramas de la reconstrucción del hecho, transcripciones de audio, referencia de noticias de contextualización publicadas en prensa, y entrevistas de opinión. Se trata de un trabajo de compendio, de relación, de síntesis, de hipertextualización de la información cuando no se contaba aún con medios digitales e informáticos como ahora, mediante señalar inferencias que aún tienen validez dentro de las diversas teorías de caso e hipótesis sobre el hecho, tanto en su sentido histórico como judicial. Un detalle pionero en el rumbo de las investigaciones sobre los denominados “desaparecidos del Palacio de Justicia” lo constituye la versión referida al Tribunal Especial de que Clara Enciso, Irma Franco y la sobrina de Aydée Anzola, fueron capturadas, torturadas y desparecidas por la Fuerza Pública, (p. 345). Las fuentes usadas, particularmente las de comunicaciones entre militares durante el operativo, transcritas, son un documento de importancia sumaria para las investigaciones judiciales y fundamentales en su sentido histórico. En total se trató de 103 páginas de transcripciones de audio que en el libro son referidas, no publicadas en su totalidad, las cuales fueron puestas en su momento en conocimiento y disposición de la autoridad pertinente. Por otra parte el periodista Manuel Vicente Peña en muchas ocasiones no habla él si no que deja hablar a los personajes que él va trayendo a colación en un intento bien logrado de documentar el origen del M19, la realidad del país, los problemas del estatuto de seguridad, las investigaciones de la C.S.J. a la cópula militar por violación a los Derechos Humanos, como el proceso que se adelantaba contra el General Miguel Vega Uribe Ministro de Defensa y jefe directo de la retoma del Palacio de Justicia. Y como el incendio y desaparición de expedientes incluso favoreció más a los miembros investigados de la Fuerza Pública que a los propios extraditables, respecto a los cuales se ha creado una teoría con indicios y testimonios de su participación financiera en la toma por parte del grupo subversivo M19 al principal recinto de la Justicia en Colombia y el secuestro y toma de rehenes de la C.S.J., el Consejo de Estado y demás corporaciones judiciales presentes. Vicente Peña apuesta a la idea de que era una toma anunciada y que se asumió una especie de trampa o ratonera para aniquilar al M19 en su plana mayor. Incluso dejando abierta una hipótesis plausible, la eventual traición del Cartel de Medellín al M19 y la alerta a la cúpula militar de la toma. Y en tal sentido se confirmaría una teoría de vieja data, la alianza entre miembros de la Fuerza Pública con el narcotráfico. Habla Vicente Peña de la naturaleza, finalidad y estructura de contenidos del libro Las Dos Tomas en la (p. 321). Y de que su trabajo fue objeto de amenazas, presiones, censuras, por el establecimiento, la Fuerza Pública y el M19. Otro aspecto que deja entrever los argumentos de Vicente Peña es la posibilidad de que miembros del M19, de la Fuerza Pública, de la delincuencia organizada, tuvieran una doble y hasta una triple militancia en la medida en que en el juego de disposición de intereses el lucro económico sería ayer y hoy un factor común, un móvil para la traición al propio grupo y obtener ventajas particulares, un aspecto que es muy claro hoy con la estructura funcional que han tomado los grupos armados ilegales y las formas como el narcotráfico ha sobrevivido después de los grandes carteles y su infiltración en todo, tanto en organizaciones ilegales como las Autodefensas; como la Fuerza Pública; la agencia de seguridad del Estado, DAS y entidades, que paradójicamente su misión es luchar contra el delito, como la Fiscalía. Algunas frases hechas en el libro y relacionadas con la relación religión y política son : “…como sí se tratara de los dueños del país y de la verdad y los colombianos no fuéramos iguales como lo son los hombres ante Dios”. (p. 16). La advocación iguales ante Dios es de una enorme carga histórica, es milenaria porque se vincula a los orígenes remotos del Cristianismo en el Judaísmo y la posterior convivencia en España con el Islam, tiene una carga política en su semántica profunda que conlleva a revelarse ante la injusticia pero en el desarrollo de esa fuerza ideológica se ejerce una fuerza disipativa que es la de oponer a la justicia humana la justicia divina, probablemente el único conflicto en que tuvo un significado de lucha abierta de la gente humilde contra los opresores fue en la guerra Cristera en México entre 1926 a 1929. Iguales ante Dios en virtud de la supremacía de la voluntad divina y del plan divino y de los designios ocultos y misteriosos de la divinidad tiene implícito un acto de rendición incondicional. Lo que lleva a resignarse ante la explotación y las diferencias sociales, la fuerza que los hombres poderosos ejercen sobre los débiles, es dejarle toda acción y reacción a una deidad providencial que consuela a los más humildes prometiéndoles a cambio de sus sufrimientos en la vida terrenal un supuesto paraíso en otra supuesta vida llena de gozos y alegrías en compensación a los sufrimientos en el mundo real descrito desde las tradición medieval como “valle de lágrimas”. Iguales ante Dios en el mantenimiento de las diferencias entre los hombres en el mundo de la vida implica que efectivamente la religión opera entre otras cosas, como “opio del pueblo”. “Sólo se podía oponer la confianza en Dios…” (p. 37). El acto de desesperación ante la inminencia de la muerte es dejarle todo a Dios, que sea El quién decida entonces quien se salva y quien no, que sea de su voluntarismo infinito que provenga la sentencia absolutoria o de muerte. Cuando las víctimas en medio del fuego cruzado e indiscriminado la ven perdida no tienen otra opción que retomar el llanto infantil de orar pidiendo a la figura divina como una forma simbólica de reificar la presencia salvadora de la madre y del padre, es retornar al origen de la relación primitiva de la protección parental, orar y confiar en Dios es metafóricamente retornar al vientre materno, a su manto protector, significa que todo en lo real y practico está perdido. “Los que nos salvamos, nos salvamos por puro milagro. Un milagro de Dios nada más. Un verdadero milagro”. (p.41). Creer en un milagro puede significar varias formas de interpretación siendo la menos correspondiente a un fe madura que la divinidad hizo un prodigio porque esto implica un cuestionamiento a la justicia divina ya que en la providencia infinita de Dios cómo es posible que pudiendo salvarlos a todos, solamente unos tuvieron ese privilegio. Se trata más bien de una manifestación de religiosidad popular la de creer en milagros y prodigios, muy cercana esta forma de fe al animismo, a la magia, a la idea que la divinidad se manifiesta de forma sobrenatural. “Fue un verdadero milagro” tiene una implicación menos teológica y más mundana, es que lo sucedido fue tan grave, la fuerza empleada tan desmedida, las balas y las bombas atravesaban todo, que no tiene una explicación racional haberse salvado de una situación de tan extremo peligro. De hecho es sorprendente que en el Holocausto del Palacio de Justicia los muertos hayan sido apenas una centena aproximadamente cuando el caos desatado, el exceso de fuerza, el incendio, hubieran perfectamente haber duplicado ese resultado luctuoso. “¿Qué explicación le da el gobierno a la ausencia de los familiares y sobrevivientes a la misa que citó el gobierno?” (p. 51). La solemnidad de la muerte en un misa fúnebre es la antesala oficial del establecimiento político y eclesial para iniciar la parafernalia de convertir las víctimas en mártires y héroes, a los que se les tributaran homenajes y se les harán monumentos, actos de resarcimiento imaginario y simbólico que sirve para minimizar la responsabilidad política y penal del gobierno que por acción u omisión permitió los desmanes de la Fuerza pública en al retoma del Palacio de Justicia. Por eso tiene mucho significado político que los familiares de las víctimas, particularmente de los caídos en las altas cortes en señal de protesta se hayan retraído de asistir a una especie de ritual hipócrita de un Estado que llora a sus víctimas cuando no hizo nada en cabeza del jefe de Estado para detener la masacre, siendo que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de policía en Colombia. “…en llamar por teléfono a una persona de fuera. Como el Arzobispo de Bogotá o el rector de la universidad Externado de Colombia”. (p.73). Los poderes que están detrás del poder no son precisamente en el Estado dependiente, plutocrático, policivo y militarista la academia universitaria y la Iglesia Católica, que era en 1985 Iglesia Oficial. Hubiera sido más efectivo llamar a los líderes de la banca, a los presidentes de los gremios, a los grandes contribuyentes y patrocinadores de las campañas políticas a la Presidencia y el Congreso de la República. Esto muestra que quienes estaban atrapados en trance de muerte no tenían muchas opciones, invocar la ayuda del Dr. Fernando Hinestrosa Forero rector del Externado o del Arzobispo de Bogotá Monseñor Mario Revollo Bravo, a la luz de la realidad política y económica de Colombia era una salida débil. A la trampa mortal se sumó la censura impuesta a los medios de comunicación por la Ministra de Comunicaciones en ese momento, la Dra. Nohemí Sanín. Peña, en su libro “Las dos tomas” despliega su capacidad de periodista de talla internacional y demuestra su vocación como comunicador social, desarrolla un trabajo de divulgación de la información, sus argumentos y retórica se fundan en la evidencia para tejer un hilo conductor que es objetivo porque no toma partido ni por el M19 ni por el Estado y deja ver claramente el drama de las víctimas y de las familias de los desaparecidos. Muestra las mentiras del Tiempo y del Espectador sobre el hecho final de la presencia del delegado de la Cruz Roja en los momentos finales de la retoma. (p.93). Los textos citados por Vicente Peña muestran una retórica cargada de significados rituales y de imágenes religiosas usadas por los militares y el gobierno, como de Monseñor Serna justificando la pasividad del Presidente, veámoslos en ese orden: (p. 127). Probablemente de todas las frases que guardan relación con el vínculo entre política y religión en el escenario de la guerra ésta sea la más significativa porque muestra el valor que los militares le dan a la vida humana incluso cuando se trata de sus propios subalternos. Es importante tener en cuenta que en la teoría estratégica militar la superioridad de masa invocada y aplicada en la retoma del Palacio de Justicia cuando se operó con discrecionalidad de no sacrificar hombres de la tropa innecesariamente esto no se hizo por el escrúpulo frente a la defensa de la vida de los propios soldados y policías si no para marcar un record de propinarle el máximo de bajas posibles al enemigo con el mínimo de bajas posible en contra, que fue durante muchos años uno de los argumentos para exponer en muchos escenarios nacionales e internacionales de formación castrense que ésta había sido una de las operaciones antiterroristas más exitosas del mundo. No sobra insistir en que el objetivo de la operación desde el principio de la reacción del ejército y retoma de la edificación era la aniquilación total, con el mínimo de bajas y heridos en la propia fuerza, como una especie de indicador costo/beneficio del éxito militar, usando como argumento a favor el resultado de la operación de retoma, teniendo a favor una estadística acostumbrada en la instrucción y comunicación en las aulas donde se imparten las asignaturas de las llamadas ciencias de la guerra. Monseñor Serna (p.225), “durante las honras fúnebres de los magistrados muertos (nov.10 de 1985) manifestó: …también la realidad de que como gobernante necesitara inclinarse…callado, estoico, sin un reclamo, esperando en vano la respuesta a un diálogo y solución dentro de la ley que nunca fueron aceptados…” (p.232). La retórica del jerarca de la Iglesia al servicio de la defensa de Betancur, (p.235). Análisis del psicoanalista José Gutiérrez (p. 235). La Iglesia católica no es que apoye al establecimiento es parte del establecimiento, en la transición de 1985 a 1986 se va a crear el obispado castrense para la Fuerza Pública, la Fuerzas armadas y de Policía que tendrá su estructura de diócesis con un tratamiento especial en su presupuesto y formación para atender la pastoral castrense como un abrazo de la Iglesia Católica colombiana al poder militar aunque éste se funde en la acción bélica, en la ciencia, disciplina y práctica de la guerra, en la violencia, y no en los valores cristianos del perdón y la no violencia. De todos los testimonios, comentarios, miradas críticas, la más contundente por su procedencia es la de Emilio Urrea que aun siendo parte de la clase política y las élites económicas, criticó y enjuició al establecimiento por los hechos del Palacio de Justicia y por la hipocresía con que los medios, la Iglesia, los gremios y el gobierno asumieron los temas de base, la injusticia social, el bipartidismo monopólico del Estado y la represión armada como causas objetivas de la violencia. El testimonio y crítica de Emilio Urrea parte de reconocer las reales y efectivas fuerzas de poder en la Sociedad colombiana y relaciona a los gremios económicos, la Iglesia y las clases altas en el gobierno, como esas fuerzas que constituyen el establecimiento y que históricamente han sido causantes de la guerra y al mismo tiempo fueron parte propiciatoria en los hechos luctuosos del Palacio de Justicia, el 6 y 7 Noviembre de 1985, como los días posteriores en que diversos testimonios dicen se torturó, asesinó y desapareció a los trabajadores de la cafetería sospechosos para la Fuerza Pública de ser colaboradores o miembros activos del grupo subversivo que perpetró el acto terrorista. “Cuando el gobierno se lanzó a estructurar la política de paz…También los medios de comunicación, los gremios, la Iglesia”. (Emilio Urrea, en adelante EU., p. 241). “El establecimiento… un país de una democracia formidable…expresidentes de la República, gremios, Iglesia”. (EU., p. 242). “A la Iglesia le pareció terrible, porque pactar con los ateos era un verdadero reto, y pienso que creyeron que iban a abajar los crucifijos de los templos y que en lugar iban a poner la hoz y el martillo” (EU., p.242). “Camilo Torres hizo exactamente lo mismo, por unos ideales,…para tomarse el poder…hacer unas reformas políticas”. (EU., p.243). Las instituciones y su defensa, como cruzada religiosa y laica, confesional y secular, ha sido el sofisma por excelencia, por una parte las creencias e ideologías se arraigan en la mentalidad, cuando se trata de formas culturales propias de la religión, cuya principal característica es el dogmatismo, estas se insertan en la mentalidad colectiva y son un fenómeno de larga duración. El pensamiento conservador, reaccionario, cualquier forma de actitud política fascista, antidemocrática, totalitaria, despótica usa las instituciones en sentido político y jurídico, como el orden, la democracia, el estado de derecho en oposición a la vida humana. Por eso cuando estas son invocadas por el establecimiento y la jerarquía eclesiástica, se está ante actos de hegemonía política dentro de pretensiones de verdad y de imposición de ella. Las instituciones, el orden, la libertad, el bien común, la democracia termina siendo una metafísica que justifica la violencia de Estado, el abuso del poder, la solución militarista, la violación de los derechos humanos de los que pasan a ser sospechosos, indiciados, acusados, procesados, condenados por ir en contra del régimen, del ordenamiento jurídico, de la paz, de la sana doctrina, de la religión oficial, de pretender el ateísmo y formas de intolerancia religiosa. 4.2 EL TEXTO PROMEDIO EN ESTRUCTURA, CONTENIDO Y COMPROMISO Mantilla Escobar, David. Holocausto a la Justicia. Medellín, Colombia; Producciones Alicia, 1986. (Primera edición). Este libro es un compendio o antología de publicaciones periodísticas en prensa escrita, en diversos medios, aunque privilegia los dos diarios de Bogotá, El Tiempo y El espectador. En el prólogo el autor asume una posición escéptica frente a la Historia y es de suyo aportar una cronología sobre los hechos. El autor dice en el prólogo que ofrece un “compendio de los acontecimientos políticos del 6 y 7 de noviembre de 1985”. Durante los hechos la Iglesia católica no dijo nada, no habló en medios. Pasado los hechos y conocido el balance luctuoso, los altos jerarcas de la Iglesia no se callaron y se mantuvieron firmes en el apoyo al Gobierno y la Fuerza Pública. Posición clara y evidente, manifiesta en público, ante medios y documentada, la de justificar la violencia de Estado y exonerar al gobierno de toda responsabilidad: “…Cuando el arzobispo de Bogotá, Monseñor Mario Revollo Bravo, [le] pidió a todos los asistentes al funeral oficial celebrado en la catedral primada”. (p.104). El libro presenta múltiples imprecisiones y es demasiado servil con la autoridad. Sin embargo el autor ha entrado en controversia con lo que se puede denominar la versión oficial de los hechos. Hubo una operación de aniquilamiento indiscriminado llamada “operación rastrillo”, (p. 141). Excesos de fuerza (Ver también pp. 126-127). “Alfonso Reyes no dio la orden de bajar vigilancia, es una mentira del establecimiento policial”, (p. 130). Los guerrilleros y su muerte también fue objeto de un probable culto religioso y de manifestaciones rituales que fueron muy rechazadas por el establecimiento: “…el sacerdote nicaragüense Uriel Molina quien ofició una misa, que según algunos medios se dedicó a los militares del M19 muertos durante la toma del Palacio de Justicia…” (pp. 112-113). Vale anotar que en el imaginario respecto a los hechos, el que los subversivos hubieran merecido el menor atisbo de una honra fúnebre enfurecía a buena parte de la sociedad católica y cristiana de Bogotá y de Colombia, dado que en la mentalidad de la época y aún presente para ciertos sectores de la sociedad un guerrillero es un subhumano, una especie de ente cuya muerte no debe merecer si no el aplauso y la congratulación porque significa libarse del más más grave de los males que azota a Colombia por la vía que le gusta a la ultraderecha, aniquilando al enemigo. Respecto a uno de los magistrados muertos en los hechos y de quien se habla fue objeto de homicidio por parte de la Fuerza Pública, respecto a lo cual hay evidencia fílmica es mencionado por Mantilla: “…Carlos Horacio Urán…el 6 de noviembre de 1985 dictó su cátedra sobre el fanatismo de los movimientos guerrilleros, el M19 entre ellos…esa clase de movimientos tienen una relación de tipo religioso supremamente marcado”. (p. 119). De hecho la traducción correcta de la expresión en inglés de fundamentalism es fanatismo, que en español latinoamericano sí es particularmente significativa, sobre todo en Colombia y en México por el fanatismo católico y la manera como los conservadores durante la época de la violencia política en Colombia años 50´s o la guerra de los cristeros en México (1926) asumieron la defensa de la religión católica hasta la muerte y el aniquilamiento de la amenaza, los liberales en el primer caso y los agentes del Estado en el segundo. Además se trata de un fanatismo que no importa el objeto, está predispuesto en la mentalidad individual y social de los colombianos, en el proceso de secularización de la mentalidad se ha trasmitido al futbol, como lo evidencian los actos de violencia y de intolerancia de los hinchas agrupados en hordas denominadas barras bravas. En cronología del 7 de noviembre de 1985: “9:30 a.m. Monseñor Héctor Rueda Hernández, Presidente de la Conferencia Episcopal se pronuncia condenando la acción de la guerrilla y brindando apoyo desde la Iglesia católica colombiana al gobierno” (p. 237). Es el texto promedio sobre los hechos del Palacio de Justicia porque se basa en fuentes periodísticas no judiciales, porque su contenido no va más allá de lo que ya describiera con lujo de detalle Manuel Vicente Peña y porque insinúa cosas pero no toma partido y mucho menos se arriesga a aventurar tesis que pongan en juicio a la Fuerza Pública y al establecimiento que no admite críticos y que persigue y amenaza a todos los que han querido asomarse al tema con objetividad. Es decir, denunciando la violación sistemática de los derechos humanos y de la Constitución y la ley por parte del ejército y la policía en una retoma a sangre y fuego que por aniquilar a los subversivos no midió consecuencias en la población civil inerme en medio del conflicto y que arrasó con todo y no contentos con eso, torturaron, asesinaron, desaparecieron a quienes asumieron como supuestos auxiliadores de la guerrilla. 4.3 EL CONDUCTISMO RELIGIOSO TRASCIENDE A LAS IDEOLOGÍAS Behar, Olga. Noches de humo. Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. Bogotá: Editorial Planeta. Primera edición noviembre de 1988. Este libro es junto al de “Noche de Lobos” del periodista Ramón Jimeno y el de Ana Carrigan “El Palacio de Justicia una tragedia colombiana”, los tres trabajos que tuvieron un acceso directo al testimonio de la única sobreviviente del Palacio de justicia, Clara Helena Enciso. La gente en la desesperación que produce la amenaza de muerte junto a un atisbo de esperanza, impotentes de hacer otra cosa, se pusieron a invocar a Dios y a los santos en una retahíla de rezos, pero en ese sentimiento los guerrilleros no fueron diferentes a los demás, después de todo ¿Quiénes son los guerrilleros, los soldados rasos, los policías? Personas de origen campesino, o que siendo urbano, tienen la historia de vida que en alguna generación de sus familias migraron desde el campo a los barrios populares de las ciudades y que han vivido en situación de escases de recursos, de falta de oportunidades para educarse, para optar en la vida por otras formas de ganarse la vida sin riesgo. Todos criados bajo el manto de la religión. “Alguien propuso rezar, en coro dijeron varios Padrenuestros. Claudia se unió a las oraciones, por momentos los hacía sola, en voz baja…Lo hacían todos, guerrilleros y civiles con mucha fe”. (p.208). Denominada como una novela testimonio es un relato muy parecido a una crónica periodística llena de diálogos y momentos de los protagonistas como si se tratara de una novela episódica, con un propósito, ser una memoria humanizante de los guerrilleros que murieron en la toma del Palacio de Justicia. Es una novela que está marcada por una visión, la de la guerrillera que se consolidó como única sobreviviente de los hechos, Clara Helena Enciso, alias Claudia. Cuyo relato establece un juicio de responsabilidad a la reacción de la Fuerza Pública, mostrando a los guerrilleros como víctimas y defensores de la vida de los rehenes que iban a ser aniquilados por la Fuerza Pública, sin ninguna compasión (Ver pp. 193). Se inicia con un esbozo de la vida en ciernes de la guerrillera sobreviviente Clara Helena Enciso y se adentra en la formación del M19 y da cuenta del robo de armas del Cantón Norte; del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala; de la toma de la embajada de República Dominicana en Bogotá; del fallido proceso de paz con el presidente Belisario Betancur y los combates en el campamento de Yarumales entre el M19 y el Ejército. Cuenta incluso aspectos anecdóticos del fallecido presidente de la Corte Reyes Echandía, en la (p.207): “…Sacó un ratico para almorzar en la frente a la catedral, uno de sus restaurantes favoritos, ubicado frente a la puerta lateral, no principal, de la emblemática edificación religiosa y presencia en el centro del poder en Colombia de la Iglesia Católica”. “¿Podré olvidar algún día, Dios mío?” (p.18). “…A partir de entonces, el único que contaría con el beneplácito de la familia sería ese negociante que los recogía para llevarlos al cementerio a visitar la tumba del hermanito…” (p.20). La idea de ir a un cementerio a llevar Flórez es universal en la cultura cristiana occidental y en muchas otras culturas. Esto guarda relación con los lazos familiares tan cálidos y unidos que caracteriza a la familia tradicional colombiana. Ese es el contexto de desaparecer a alguien en Colombia, logra dejar a la familia de quien ha sido presumiblemente raptado, torturado y muerto en una incertidumbre total y con un duelo sin solución porque ha sido indefinidamente aplazado, creando un sinnúmero de sentimientos y pensamientos que desorganizan la vida y no dejan vivir en paz. Cuando en 1985 se dio lo del Palacio de Justicia el promedio de edad de los guerrilleros era un poco más de 20 años esto supone que habían nacido en la década de los años 60´s y habían logrado tener uso de razón en los 70¨s, en ese momento Colombia era aún una sociedad tradicional y conservadora en términos morales asociados a la sexualidad, la familia, el matrimonio. Se iniciaba en todo el mundo una revolución en las relaciones familiares, en la protesta contra la guerra de Vietnam (1955-1975), en el movimiento hippie, en la libertad sexual de la mujer, el uso de la píldora anticonceptiva pero en términos generales eso lo que generaba era dos fuerzas, una de atracción y otra de resistencia al cambio, por eso en la mentalidad moral y religiosa de las personas en 1985 había muchos aspecto del pasado asociados al conservadurismo en las costumbres que había sido su pauta de crianza en el referente familiar y social sin importar si se era de un pensamiento revolucionario y se había asumido una militancia subversiva. Las citas a continuación muestran esos aspectos morales y sociales que permiten matizar la relación entre política y religión: “Se iban a casar de mentiritas, pues Claudia pertenecía a una familia muy tradicional” (p.21). “Son muy conservadores, de partido y de convicción. Cuando estábamos chiquitos, mi papá ni siquiera permitía que nos vistiéramos de rojo, porque lo consideraba una traición a sus principios. Son muy religiosos, antes nos llevaban todos los domingos a la Iglesia y todavía hoy madrugan los domingos a misa de siete” (p.22). “En el Colegio era muy zanahoria, ya sabes, por esa educación tan anticuada, todo era malo, hacer el amor me parecía entonces imposible”. (p.22). “Los tres hijos estudiaron en centros académicos religiosos de la capital de Colombia…Camilo fue orientado primero por curas dominicos…después de la expulsión, Urrutia pasó a un colegio recién fundado por sacerdotes belgas asuncionistas…los curas tenían una formación democrática…” (pp... 23-24). La relación entre política y religión no es exclusiva del Estado y los agentes del Estado con la Iglesia católica, esto es un aspecto interesante dado que es una idea común creer que la relación entre Estado y religión oficial es la única posible en la diada religión y política. No es así, también la guerrilla recurre a la religión y seguramente habrá habido y hay miembros de la Iglesia simpatizantes de la subversión si no en sus métodos de lucha por lo menos si en sus ideales cuando ellos encarnan una militancia por los derechos y la justicia, precisamente una de las armas contra el enemigo es desestimar lo que justifica su causa, por eso se ha usado con tanta reiteración el significante narcoterrorista para la subversión. Veamos al respecto las siguientes citas: “Durante el primer gobierno de coalición, presidido por Alberto Lleras Camargo, se frustró la paz negociada con la guerrillas liberales y quienes depusieron las armas fueron asesinados en las calles” (p. 24). “…se presentaría el fenómeno del cura guerrillero, Camilo Torres…” (p. 25). “…y un poeta yugoeslavo, que en una de sus obras decía que la guerra no da tiempo de llorar los muertos”, (p.28). “…y los integrantes del estado mayor insurgente se reunieron en la casa cural”, (p.34). “Siempre hablaba del I Ching, el libro que consultaba Mao Tse Tung cuando luchaba por la independencia de su pueblo”, (p.62). “Un día le dio por hacer lo que él llamó , que consistía en invocar espíritus de sus compañeros muertos”, (p.66). “Si lo supiera más bien rezaría para que el enemigo ni asome las narices por aquí”. (p.98). Algunos elementos de contenido y de forma del libro que se han seguido tramitando en las investigaciones, en la narrativa y en la literatura sobre el tema son: • El error del GOES al tomarse el 4º piso y la protesta del Ministro de Justicia de entonces, Dr. Enrique Parejo González. • Plena confianza del M19 en el éxito militar de la operación (ver p.122). • Estilo literario narrativo entre la novela y la crónica. • Manejo del tiempo del relato de forma novelesca no lineal como el relato reconstructivo judicial o el texto forense ajustado cronológicamente al desenvolvimiento de los hechos. • Aproximación psicológica y emotiva a los personajes. • Relación del Dr. Alberto Santofimio Botero con Pablo Escobar Gaviria y los hechos,-en el año 2012 condenado como coautor del homicidio de Luis Carlos Galán-. • Venganza de los militares, del Gral. Miguel Vega Uribe, contra la C.S.J. • Se menciona al intrépido espontáneo, civil que hiciera parte de acciones de combate contra la guerrilla, Jaime Alberto Sierra. Ver al respecto, (pp. 105-107; 147-152; 178-182; 194-196; 201-201; 215). • Se ofrecen datos humanos de los combatientes, como gustos musicales, comidas preferidas, flirteos entre ellos. • Se acude a mucha fuente oral producto de entrevistas. El documento llamado que era el pliego de exigencias del M19 al gobierno, tenía una estructura legaliforme jurídica. Se trata de un texto que se ha considerado prueba de que el M19 tenía la intención de darle un Golpe de estado al presidente Belisario Betancur, (pp.112-113). En el desenlace crucial, cuando la guerrillera Clara Helena Enciso estaba en manos de circunstancias fortuitas, como ser reconocida por unos menores de la familia que dieran a entender a los militares que la custodiaban en la ambulancia que ella si vivía en la casa hasta donde la habían llevado, se establece los elementos propios del asombro y la fe: “había sido un milagro que los pequeños la reconocieran”, (p.229). Algunas ideas sueltas que refuerzan esa relación entre política y religión: • El sincretismo religioso se aprecia claramente el texto del relato: “En adelante comenzaría a creer en los brujos indígenas del Cauca… que sabían cuando la gente iba a morir”, (p.235). • Hubo una operación rastrillo, es decir, de exterminio por parte de la fuerza Pública. • El General Luis Vargas Villegas, Director de la Policía de Bogotá, fue un personaje siniestro, (p.211). • El Comando que se tomó el Palacio de Justicia tenía un objetivo: “el interés de que hubiera sala plena, para que estuvieran el mayor número posible de magistrados”. (p.131). • “También iban en la maleta una foto de Elvencio, una billetera marcada con el nombre de Clara Helena Enciso, el último escapulario de la Virgen del Carmen que le había regalado su papá, una plancha, cubiertos…” (p.120). • “Elvencio y Claudia poco tiempo para charlar. Pero el recordó lo que el mojano, que se iba a morir pronto, después del accidente…ella no quiso aceptar que pudieran ser ciertas las operaciones del brujo” (p.128). • Para el Estado no era un problema político si no militar (p.173). No negociar era la respuesta acorde a asumir que la única salida posible era vencer a los guerrilleros, (p.183). • Alusión a la historia, del antecedente de una demanda armada, ofrecida por el Gral. Rafael Uribe Uribe, (p.175). Hay una frase que resume y le da el tono dramático al relato: “Por favor no disparen, somos rehenes, les habla el presidente de la C.S.J…Reyes repetía su letanía y desde abajo se reiteraba la contestación”, (p.178). Los disparos de artillería y de armas automáticas del Ejército, la Policía, los espontáneos, los escoltas y miembros del DAS crearon una estrepitosa y ensordecedora respuesta de muerte. 4.4 LA VERSIÓN DE UN MAGISTRADO QUE NO ESTUVO EN LOS HECHOS Uribe Restrepo, Fernando. El viacrucis de la justicia. Primera edición de autor. Quito: Señal Impreseñal, Cía. Ltda., 1992. El Dr. Fernando Uribe Restrepo asumió el cargo del inmolado Dr. Alfonso Reyes Echandía. En éste libro se han recopilado unos artículos de prensa que el Dr. Uribe Restrepo fue publicando sobre el impacto del Holocausto del palacio de justicia en la rama judicial y el proceso que siguió a los acontecimientos para recomponer la Corte Suprema de Justicia que había quedado diezmada en un 50%. La estructura de contenido es la de una antología en la que se destacan muchos aspectos autobiográficos y se tratan algunos temas de orden administrativo pero no aporta a la reconstrucción de los hechos sino que se ha enfocado en el arduo proceso que según él se asemejó a un “viacrucis” para recuperar las altas cortes del duro ataque sufrido. La metáfora de viacrucis tiene el significado de la pasión de Cristo, y en tal sentido un viacrucis nunca desemboca en algo bueno, o por lo menos en una solución al conflicto sino que implica materialmente tortura y muerte, la cual es significada por una redención, algo que circuló en las calendas inmediatas a la masacre en los medios de comunicación, el raciocinio que éste sacrifico había servido para salvar la democracia, fortalecer las instituciones, unir a los colombianos en torno al Estado, permitir la resurrección de un establecimiento que al resurgir de sus cenizas como un ave fénix lo hace renovado, fortalecido, seguro por una fuerza pública heroica y recia que tiene la acción contundente para contrarrestar cualquier ataque. Una vez enunciada la lista de los magistrados caídos el 6 y 7 de noviembre de 1985 escribe en un espasmo retórico: “¡Magistrados intachables! ¡Togados lúcidos! Sacerdotes de la Justicia sacrificados en su altar!” (pág. 61) La idea que los magistrados muertos ejercían un sacerdocio en el desarrollo de su profesión es un intento retórico por sacralizar el campo del Derecho, que no es profano pero sí laico. La religión está en el mundo moral de la subjetividad, compete a la decisión autónoma del individuo que confiesa una fe. Por su parte la norma legal es heterónoma y por ende existe coacción para hacerla cumplir o crear un precedente de castigo que sirva de lección para que otros no repitan la violación a la ley. Los jueces sacrificados en su altar es una imagen recurrente de los orígenes de las religiones monoteístas alrededor de los sacrificios hechos en los templos. “Personalmente, en consecuencia, tan solo como colombiano que ha luchado por ser cristiano y entender el Derecho, desearía que el motivo que aquí nos reúne –el sentido homenaje a las muy ilustres e inocentes victimas del peor magnicidio colectivo de los tiempos modernos- fuese objeto de más serias evaluaciones, si es que queremos preservar aún lo poco que nos quedando del legendario patrimonio moral de la República. Y en especial, pensando en la Rama maltrecha del Poder público, la Jurisdiccional, que pese a todo continúa tratando de cumplir a cabalidad su poderosa función, en condiciones bien adversas y ante la indiferencia de muchos, pues al parecer el país no ha adquirido plena consciencia de que sin Justicia no se puede mantener el orden ni es posible significa que es un hecho de la historia actual de Colombia que se ha convertido en un fenómeno sociolingüístico que ya hace parte de la memoria colectiva e histórica, de las artes escénicas y pictóricas, del séptimo arte, de la imagen visual y audiovisual de este país. El tanque del ejército entrando por la puerta principal del Palacio es un ícono de la historia reciente de la violencia que se tomó el corazón de Colombia. Es además fuente de inspiración para la historia oficial que es la anti-historia . Basta leer los títulos de los libros publicados sobre el hecho para darse cuenta que se ha creado a partir de los sucesos más literatura que historiografía. Evidentemente se trata de una moda en aumento, consiste en esa manera novedosa, llamativa de titular los libros de historia y las investigaciones que se publican. Una estrategia de mercadeo para la producción historiográfica, parecería que se escribe con un afán de sensacionalismo que convierte cualquier acontecimiento en un discurso, en una comparsa donde son los invitados el retruécano, el oxímoron, la sinécdoque, la metáfora, la hipérbole, la antonomasia, la metonimia, la hipérbaton, el símil. Todo un arte para llamar la atención del lector, capturar su interés, invitarlo a que tome el libro y lo compre. A punto que de seguir esta moda retórica no habrá mucha diferencia en un futuro entre la teoría de la historia y la teoría literaria. La principal conclusión histórica es del orden jurídico y político, el hecho del Palacio de Justicia es el caso de desaparición forzada más claro y evidente que se ha tenido en Colombia y en el mundo por parte de agentes del Estado, que es además un delito de lesa humanidad que sigue perpetrándose mientras el asunto de los desaparecidos no tenga solución. La única posible es que se confiese que se hizo con sus cuerpos, que lo que quede de sus restos previa identificación por cotejo de ADN les sea entregado a sus familias, que se les diga la verdad de lo que pasó, para que se pueda seguir al paso necesario del duelo, del perdón, de una reconciliación que no sólo es necesaria para los familiares de las víctimas y los perpetradores y responsables sino para toda la sociedad colombiana. Pero todo lo que ha sido éste tema de la historia de la violencia y la destrucción de buena parte de las más brillantes mentes de la rama judicial no puede olvidarse, no puede pasarse la página y ya. El veredicto más contundente no será el de los jueces temporales sino el de la Historia . La religión y la política tienen su relación más profunda con el Palacio de Justicia a partir de los desaparecidos, todas esas ceremonias de duelo incompletas, todo el drama de los familiares tejiendo fantasías para sobrellevar la angustia incesante de no saber nada de una persona querida que el 6 de noviembre de 1985 salió a trabajar o hacer una diligencia a Palacio y nadie jamás la volvería a ver. Decía el Sr. Enrique Rodríguez padre del desaparecido administrador de la cafetería Sr. Carlos Rodríguez, -¿Cómo es posible que ante los ojos de todo el mundo, que en el corazón mismo del poder público, se asesine y desaparezca a la gente y nadie sepa ni diga nada?- (Ver archivo audiovisual anexo). Todo esto daría para escribir muchos relatos de “Escalofríos” donde no se necesitaría inventar nada, - fosas sin nombre y cuerpos sin tumba- por el fanatismo laico de defender la democracia y las instituciones o por el otro modo de extremismo, de imponer a la fuerza un juicio al Presidente de la República. La bipolaridad de las “ideologías” empuñando las armas, ni unos ni otros tuvieron en cuenta las vidas humanas que amenazaron, retuvieron, cegaron, y sólo sabe el Dios que invocan las víctimas en los relatos, que más les hicieron. La desaparición forzada como arma, establece de frente la relación entre la religión y la guerra, negarle una tumba al cadáver del enemigo tiene un significado político y religioso, -los muertos no hablan pero sus cuerpos sí- . El cuerpo de los desaparecidos alcanza por la publicidad la esfera de lo público, se vuelve una noticia que cuando parece olvidada vuelve y renace instalándose en los titulares de prensa, hace que algunas gentes se estremezcan, por un instante casi por intuición se pregunten – ¿qué pasaría si me desaparecieran un día- o sí alguien amado fuera desaparecido?-. En un país católico, cristiano y sincrético en materia de magia y religión como Colombia, los muertos tienen un peso enorme. Que los guerrilleros no tengan una tumba tiene una significación política entronizada en lo más profundo de la fe. Negarle al enemigo el último adiós de su familia, un rito religioso, una cruz, una lápida con su nombre, una última morada por humilde que sea representa un aniquilamiento que va del cuerpo convertido en desecho biológico a matar anímica, social y emocionalmente a sus familiares. Es la advertencia de que se procederá contra el enemigo con la insana práctica de hacer de todo tierra arrasada por eso de la noche color naranja magenta del 6 de noviembre de 1985 se dio paso en la madrugada del día siguiente a la operación rastrillo. La desaparición forzada desarrolla un ciclo perverso de amenazar y adoctrinar con la muerte del otro, la guerra política también se desarrolla en guerra psicológica, se trata de una pedagogía del terror que anticipa y advierte –que hay que echarse a perder cuando se es declarado un objetivo militar-, Más de 5 millones de desplazados en los últimos 20 años son plena prueba, Por medio de la tortura se escribe sobre el cuerpo del enemigo. Se usa la muerte y la desaparición para todo el que se atreva a oponerse al régimen, amenace el orden social, piense diferente, promueva el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, se alíe con esa gente sospechosa de pertenecer o ser auxiliar a la guerrilla, esos mismos que en las comunicaciones los altos mandos militares llamaban –las basuras- . Para que el caso de los desparecidos fuera atendido por la justicia ordinaria hubo que vencer la oposición del Estado y de la justicia militar, pero además tocó hacer toda una campaña de pedagogía en la sociedad, valerse hasta de la publicidad, para mostrar quienes eran los trabajadores de la cafetería y convencer a la opinión pública que no eran guerrilleros. Lo que presupone que si todos hubieran sido guerrilleros el hecho de su aniquilamiento hasta la desintegración no hubiera significado nada para la opinión pública que forman los medios todos los días manipulando la información. Existe una prueba directa no circunstancial. No atendida judicialmente ni planteada de forma inequívoca, el hecho claro de que ante los ojos de todo el mundo las autoridades desaparecieron a los guerrilleros cuando alteraron la escena del crimen. Cuando sin haber sido identificados, ni aplicado los protocolos de necropsia completos en Medicina legal, fueron los restos humanos y cadáveres, sustraídos por orden de un juez penal militar y lanzados a una fosa común en el Cementerio del Sur, donde una semana después con dolo empeñado en destruir toda eventual evidencia, vertieron restos contaminados que provenían de la emergencia hospitalaria y humanitaria que desató la catástrofe de Armero. Durante años se argumentó con múltiples razones dilatorias, -entre ellas la de evitar una emergencia de salud pública-, el desarrollo de labores técnicas de investigación forense y el trabajo de Antropología de identificación de las presuntas víctimas del Palacio de Justicia a partir de la reconstrucción facial del cráneo. El Holocausto del Palacio de Justicia instaló en la esfera de lo público a nivel nacional e internacional la guerra que históricamente se ha librado en Colombia por multiplicidad de causas y actores, pero cuyo eje fundamental fue y es la lucha por la propiedad sobre los medios de producción, el principal la tierra y la necesidad de controlar la fuerza de trabajo de las zonas rurales, porque antes del desarrollo tecnológico industrial y la agroindustria tecnificada de hoy, en algunas regiones y cadenas productivas destinadas a la exportación, la tierra destinada a la productividad valía sí se contaba con mano de obra dócil y barata. Este hecho del Palacio de Justicia tan terrible para la sociedad, el Estado y las instituciones implica un proyecto que nadie ha asumido y es desde su magnitud repensar que es ese ente ficto que se invoca discursivamente por lo politólogos, los juristas, los filósofos del poder y los historiadores, la razón de Estado. El Holocausto puso al país nuevamente en la historia universal, ya había sucedido con el triunfo de la Guerra de Independencia en batallas decisivas como la de Boyacá el (7 de agosto de 1819) y la majestuosa imagen del libertador Simón Bolívar empoderado hacia su proyecto de la Gran Colombia, con triunfos decisivos como los de Junín el (6 de Agosto de 1824) y Ayacucho el (9 de Diciembre de 1824). 37 años antes de la toma y retoma del Palacio de Justicia lo había hecho el Bogotazo el 9 de Abril de 1948 y la década subsiguiente de violencia política que llevó a la formación de las guerrillas liberales origen de las FARC, época de incontables genocidios, de una guerra civil no declarada, que fue la negación practica a cualquier atisbo de civilización teórica. Lo que creó una tesis sin refutar que en Colombia se convive con el orden del aparato legal y la violencia extrema dentro de relaciones clientelares que crean atrofia y desequilibrios en la redes burocráticas, en las formas de cooptar al interior de los partidos tradicionales, en la relación entre los ciudadanos estratificados y sus representantes , en una suerte de antinomia teórica resuelta en la práctica. Donde lo político se desarrolla hasta la violencia de aniquilar al contrario y siempre la muerte y el horror conlleva a acuerdos políticos en un ciclo de nunca acabar. Cuando invoco la esfera de lo público se está en el centro de una paradoja porque el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante 27 horas de la violencia más destructiva posible, cubrió de humo y sangre el teatro de la razón legítima del Estado , razón representada en la función que realizaban las Altas Cortes de la rama judicial y desde la cual se creaba para la sociedad un modelo de razón pública con pretensiones de validez, veracidad y verdad. Las Altas Cortes de la rama judicial eran la expresión colombiana de una tradición inaugurada desde la razón práctica de Kant, desarrollada por el pensamiento de la filosofía política ilustrada, asumida por el materialismo histórico de Marx en su crítica al Estado liberal burgués y que tuvo continuidad en el Siglo XX con Jürgen Habermas en torno al derecho y los medios de comunicación como acción comunicativa, ética, social, política y por ende acción económica e histórica. Por eso la idea difusa de una esfera de lo público a partir del Palacio de Justicia implica el discurso sobre un hecho de guerra que más que histórico ha sido historizante porque muestra sin careta la real razón de Estado y expresión de la forma que allí asumió la gobernabilidad desde la lógica militarista en contravía a una tradición civilista y legal que en Colombia había sido la caracterización de la tradición republicana, heredera de la civilización occidental en su doble faz laica y cristiana. Herencia cuyos grandes hitos institucionales pueden enumerarse de forma familiar para cualquiera medianamente educado, Derecho Romano, Cristianismo, Ilustración, Contrato Social, Constitucionalismo, Derechos Humanos. Para llegar a los grandes términos transformados en conceptos hegemónicos de todo discurso político y jurídico contemporáneo, hace 27 años y hoy. Se trata del campo semántico heredero de la formación y evolución del estado-nación, que permanece en dinamismo de discusión y fundamentación: Democracia representativa y/o participativa; soberanía; libertad y orden; ciudadanía; legalidad y legitimidad; opinión pública; esfera pública; ordenamiento jurídico; derechos y deberes civiles; ciudadanía, constitución política; acceso a la justicia; ramas del poder público; sistema de pesos y contrapesos en la regulación del sistema de poder en la estructura funcional del Estado; principio de legalidad y acción de control de legalidad que esgrime la administración pública en desarrollo de su función; sometimiento de la administración en el desarrollo de la función pública por las autoridades a la ley; control constitucional; derechos fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la razón pública que se impuso no fue la del Derecho sino la de las vías de hecho en grado sumo de aniquilamiento. Sin embargo se hizo dos Consejos de Ministros, se dictaron decretos presidenciales a la luz de los hechos, el Congreso de la República no se cerró y se celebraron actos administrativos a lo largo y ancho del país por el Estado en su diferentes formas desde lo nacional hasta lo local, el sistema gubernamental no paró aún bajo la hipótesis de un ejecutivo cautivo al que la alta cúpula militar en cabeza del Ministro de defensa Gral. Miguel Verga Uribe le dio un golpe de Estado momentáneo y que el ex ministro de Gobierno de entonces, el Dr. Jaime Castro niega vehementemente. Los colombianos y el mundo presenciaron en tiempo real los hechos por TV y escucharon por la radio la voz del presidente de la Corte Dr. Alfonso Reyes Echandía pidiendo –que cese al fuego-. Por primera vez para muchas generaciones de colombianos habitantes de los centros urbanos la guerra no era un suceso de la selva o del campo, un hecho aislado sin rostros ni imágenes. Una batalla sin precedentes se libró en la ciudad, pudo verse y escucharse -en vivo y en directo-, tal cual se publicitaba el cubrimiento de un evento deportivo de interés general, el partido de futbol que sirvió para distraer a la teleaudiencia mientras el palacio ardía en la noche del miércoles 6 de noviembre. El hecho de la toma y los hechos posteriores se dieron en el nodo del poder. No se trató de cualquier lugar, fue en la capital del país, a escasos metros de la sede del Congreso, de la sede Arzobispal, de la Alcaldía Mayor y de la Presidencia de la República, en un lugar donde convergen todas las ramas del poder público. Salvo el precedente de la toma y secuestro del cuerpo diplomático acreditado en el país por el M19, cuando asistieron a un evento social en la Embajada Dominicana en Bogotá el 28 de febrero de 1982, situación de rehenes que se negoció sin víctimas fatales y que duró hasta el 25 de abril de 1980. Pero lo del 6 de noviembre de 1985 fue de naturaleza distinta, se trató de un hecho de guerra del que por primera vez en la historia contemporánea de Colombia la comunidad internacional fue testigo directo del contundente operativo militar de retoma del Palacio de Justicia. El olor a muerte y sonido de las detonaciones no dejan mucho a debate entre acontecimiento y evento, allí en el palacio de Justicia durante la toma y retoma se vivieron momentos, eventos, acontecimientos, sucesos, todas las palabras que puedan ser parte del campo semántico del tiempo asociado a la acción antrópica, a un hecho no de naturaleza sino jurídico, cuyos efectos y delitos siguen transcurriendo. Todos esos conceptos pueden ser usados y ejemplificados, no hubo clemencia ni el mínimo pudor con las víctimas ni con los sobrevivientes, hubo incluso quienes murieron una y más veces, por lo tanto la discusión retórica y metalingüística sobre los significantes y significados no ha lugar. Años después, en muchas ceremonias político-religiosas de significación social para demostrar el agravio contra el Estado, sobrevivientes y familiares de las víctimas se han encontrado y siempre se han representado los rituales que honran la memoria de los caídos desde la religión y la política con la invocación a la paz de los muertos que el daño colateral de una guerra produjo. Lo que tal vez nunca fue un efecto calculado es que en el imaginario colectivo pesara más una tumba vacía y sin nombre que un cadáver reconocido y honrado con los ritos, el duelo, la evocación de un pasado mejor y la nostalgia por no haber tenido la oportunidad de vivir y realizar lo que hubiera sido su vida. Un derecho que en Colombia se arrebata con mucha facilidad. Las Ciencias Sociales no han tratado de forma sistemática y con el compromiso que la realidad violenta lo ameritaría, la relación directa y evidente entre política y muerte en Colombia. Tampoco la relación directa entre política y miedo; y entre política y cobardía, de quienes se entregan al servicio de los intereses del poder por mantener un puesto, una posición, una prebenda económica. Una de las razones de no ser militante de la resistencia ante la violencia y violación sistemática de los derechos humanos que hacen los actores armados del conflicto es el miedo que la violencia y la guerra sucia despierta en los intelectuales, además que en Colombia sí los grandes crímenes se han manejado con un manto de impunidad, -mucho menos importante un crimen contra un docente, un sindicalista, una persona común, como los trabajadores de la cafetería del Palacio.- Sin el reconocimiento de los derechos humanos de propios y extraños no es posible transformar la cultura en civilización, la vida humana no es viable, la sociedad no se encamina hacia su desarrollo sino a su auto aniquilación. Pero eso necesita de un diálogo entre lo local y particular con lo global y universal, una transacción de comprensión entre lo que es abstracto y ético con lo que es práctico, rutinario, común y propio del mundo de la vida real, no al tipológico de la sociedad, de la jurisprudencia, de la política, de la cultura, todas formas fictas que si no se aterrizan llevan a pensar la vida no a vivirla .Precisamente una de las funciones de la Historia con mayúscula es hacernos caer en cuenta que tenemos derecho a vivir, como dice Eduardo Punset , descubrir -que hay vida antes de la muerte-. La academia colombiana frente a la violencia de los últimos 30 años en el país ha estado distanciada de la realidad social y no genera espacios democráticos de socialización del conocimiento social e histórico, por otra parte el nivel de lectura y de atención a los problemas importantes de Colombia es muy bajo. Los temas fundamentales de la esfera pública en los medios de información son el fútbol, los otros deportes, la farándula y todo lo relacionado con el bienestar de las vías y la experiencia de movilidad, los noticieros pasan de un escándalo de corrupción a otro y se usa la crónica roja como una atractiva carnada para apelar al morbo del telespectador, lo universalmente siempre sirve para subir la audiencia a la par que es un distractor para que no exista un pensamiento crítico, una actitud política consciente, ni un interés emancipatorio. El Palacio de Justicia para las personas mayores de 40 años en Colombia es un significante histórico, no es necesario anteponer holocausto ni precisar que los hechos ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985. Intuitivamente el común de la gente ha entendido lo que es una compleja ficción legal, un constructo conceptual abstracto de los llamados delitos en desarrollo, respecto al tipo penal de desaparición forzada. Aunque no se diga en público el común de las personas que recuerdan los hechos saben quién tuvo la mayor responsabilidad por la masacre y que ellos al fin lograron hacerse invisibles para la justicia y la opinión de los medios. La relación entre política y religión no es obvia, sí lo es en cambio la relación entre política y razón de Estado, que permite dilucidar porqué se permitió por el alto gobierno éste genocidio. La relación entre política y medicina se desprende del peritazgo legal que abarca campos como la física de artillería, la antropología física, la reconstrucción forense, la balística, siendo el elemento intérprete el cuerpo humano lesionado y la evidencia pos-morten que se ha podido reunir pese a todos los ingentes esfuerzos por destruirla, perderla, ocultarla, tergiversarla o simplemente ignorarla . En ciencias sociales el pensamiento académico ha sido marcadamente civilista al punto que nunca o casi nunca se ha tenido en cuenta la variable militar lo cual es un error en un país como Colombia sumido durante décadas en una guerra civil no declarada. La relación entre política y guerra es tan directa que se pasa por alto . Otras relaciones como la existente entre política y derecho es la que más se ha percibido y trabajado desde el ámbito de la verdad procesal y la jurisdicción respeto al Palacio. Pero que en su aspecto de fuente histórica no se han valorado por los cronistas con el énfasis que ellas tienen como reconstrucción del hecho. Contrario es la importancia concedida a otras fuentes como las testimoniales de carácter extraprocesal, cuyo enfoque no es propio de la historiografía documental y sí del campo de la instrumentalización en Sociología y la historia de vida, propia de la Historia social y la Antropología, campos de las ciencias sociales donde se valora y da uso a la fuente oral. Pero el tema da para establecer la relación entre política y medios de comunicación como forma para acceder a la comprensión del contexto social y cultural de la violencia cotidiana rural y urbana. La relación entre política y representación estética está planteada por el arte, la arquitectura, la dramaturgia, la literatura, la animación, el cine, que han hecho del tema del Holocausto del Palacio de Justicia un objeto de representación y simbolización. Otras relaciones menos claras pero necesarias son las de la política, la violencia y el cerebro en el enfoque de la psicología evolutiva y las neurociencias. Sin lugar a dudas la relación entre deseo y muerte en los hechos de guerra como el Palacio de Justicia es un problema que merece profundos análisis desde el campo integrado del psicoanálisis y las ciencias de la conducta y algo que no se ha estudiado y es el efecto postraumático que el hecho dejó en quienes vivieron directamente el holocausto y en una generación, que ha visto “la justicia en llamas”. La relación ente política e historia muchas veces se da por obvia, por eso no se aprecia en su magnitud practica frente al mundo de la vida y la acción social. La historia es un conocimiento para la acción política. Conocer el pasado sólo puede servir para comprender mejor el presente asumiendo una actitud. El diagnostico explicativo de lo que pasó aporta constructos simbólicos para hacer la prognosis de lo que está sucediendo y está en proceso de desarrollo, de cambio, de gestación y evolución. No se trata que el historiador se vuelva profeta del porvenir o que presuma de tener las claves que descifran el pasado, el presente y el futuro. Pero la Historia útil es ante todo la capacidad de tomar decisiones conscientes teniendo en cuenta lo que se sabe de hechos que en circunstancias nunca iguales pero análogas permiten una planificación frente a efectos y perjuicios. De ahí la idea de conocer la historia para no repetir de ella lo que han sido errores y vergüenza. Este trabajo ha tratado la relación entre política e historiografía tomando como perspectiva la relación entre política y religión, muchas otras relaciones sobre el tema del palacio de Justicia están por descubrirse y plantearse, todas en espera de ser desarrolladas. Pero la relación que no debe perderse de vista para que todo no quede en un tema de interpretación cultural y elucubración historiográfica es la relación fundamental que enfrenta la esencia de todo conflicto, La del poder del Estado con la dignidad humana y su responsabilidad frente a la integridad de la vida, y las formas en que la sociedad civil debe resistir y protegerse del dominio absoluto de la fuerza. BIBLIOGRAFÌA Arrieta de Noguera, María Luz. Entre la barbarie y la justicia. El Holocausto del 6 de Noviembre. Bogotá: Editorial Códice LTDA, 2007. Atehórtua Cruz, Adolfo León & Vélez, Humberto. "Militares, guerrilleros y autoridad civil. El caso del Palacio de Justicia." .Colombia, Ed. Universidad del Valle, 1993. Atehórtua Cruz, Adolfo León, "Militares. Otra visión, otros estudios" En: Colombia Ed. Universidad Pedagógica Nacional, 2005. Ayala Diago, César Augusto (Editor). La historia política Hoy. Sus métodos y las ciencias sociales. Prólogo. 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